El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció este martes la celebración de una reunión con más de 80 especialistas y representantes de distintos sectores productivos, sociales y técnicos con el objetivo de construir una propuesta integral que garantice el suministro de agua limpia y un mejor servicio para los habitantes del estado. La cita se enmarca en la grave crisis de calidad del agua que atraviesa desde hace semanas la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), donde miles de familias han reportado la llegada de líquido turbio, con residuos y olores desagradables a sus hogares.
Lemus, quien asumió la gubernatura en diciembre de 2024 por Movimiento Ciudadano, ha reconocido públicamente que la ciudad enfrenta “una crisis de agua potable contaminada como nunca antes”. El origen del problema se sitúa principalmente en la presa Las Pintas y en el sistema antiguo de abastecimiento proveniente del lago de Chapala. En esa presa se mezcla el agua del lago con descargas del drenaje del sur de la ciudad, lo que genera un líquido de baja calidad que luego se distribuye a gran parte de la metrópoli. El Área Metropolitana consume entre 10 y 11.5 metros cúbicos por segundo, de los cuales alrededor de 2.5 m³/s provenían de esa fuente problemática.
Nos reunimos con más de 80 especialistas y representantes de distintos sectores para construir una propuesta integral que garantice agua limpia y un mejor servicio para las y los jaliscienses. pic.twitter.com/xQIfgK9kfr
— Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 20, 2026
Como medida inmediata, el gobernador y los alcaldes que integran la Junta de Gobierno del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) acordaron dejar de utilizar temporalmente el agua de Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala. Esta decisión, que implica una reducción del flujo de hasta 2.5 m³/s, se acompaña de un esquema de rotación del servicio que se estima se mantendrá durante al menos seis meses en una primera etapa. Durante ese periodo, las zonas afectadas recibirán apoyo con pipas, cisternas y tinacos por parte del SIAPA y los ayuntamientos.
Paralelamente, el gobierno estatal avanza en obras de infraestructura que se consideran clave para resolver el problema de fondo. Entre ellas destacan el acueducto de desvío de La Calera y la ampliación de la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle, que abastece aproximadamente al 40 por ciento de la ciudad. Estas obras permitirían prescindir de manera definitiva del agua de Las Pintas cuando no cumpla con los estándares de calidad. Lemus ha informado que su administración ha destinado unos 8 mil millones de pesos a intervenciones relacionadas con el agua, incluyendo la eliminación de descargas contaminantes hacia colectores que las dirigen a la planta de tratamiento de El Ahogado.
En el mediano y largo plazo, el eje principal es la construcción de un acueducto sustituto Chapala-Guadalajara. El proyecto, que cuenta con el aval técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), permitiría traer agua de mejor calidad, reducir la extracción del lago de Chapala, disminuir pérdidas en el trayecto y generar ahorros en energía eléctrica. Su construcción se estima en alrededor de dos años. Lemus envió al Congreso de Jalisco una iniciativa para analizar un esquema de financiamiento basado en el modelo de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO), utilizado también por el gobierno federal. El gobernador ha insistido en que este esquema no implica privatización del servicio ni incremento de tarifas, y que la rectoría del agua permanecerá en manos del Estado.
Ante las críticas y versiones que circularon sobre una posible privatización o entrega del sistema a empresas extranjeras, Lemus ha respondido de manera enfática: “El agua de Jalisco no se va a privatizar. Yo no estoy de acuerdo con privatizar el agua”. Ha señalado que se encuentra “muy cerca” de alcanzar un acuerdo con el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum para una inversión mixta entre el estado y la Federación, a través de Conagua, que permita financiar el acueducto sustituto, las obras complementarias para aprovechar al 100 por ciento la presa El Zapotillo y el resto de la infraestructura hídrica necesaria.

La crisis ha generado un fuerte malestar social. El 11 de octubre se registró una marcha masiva que llegó hasta Casa Jalisco, donde se produjeron enfrentamientos con la policía. Hubo 39 detenidos (todos liberados después) y denuncias de uso excesivo de la fuerza. Lemus reconoció excesos policiales, ordenó una investigación interna con acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y afirmó que “como gobernador me toca dar la cara”. Una segunda marcha se realizó el 18 de octubre, con exigencias de justicia y, en algunos casos, de revocación de mandato.
La reunión de este martes con más de 80 especialistas forma parte del esfuerzo por articular una respuesta más amplia y participativa. El gobernador ha subrayado la necesidad de trabajar de manera coordinada con alcaldes de la ZMG, el Gabinete del Agua y representantes de distintos sectores para afinar los esquemas de rotación, el suministro con pipas y las soluciones de mediano plazo. “No evadimos la realidad y la atención no se detiene”, ha repetido en mensajes recientes.
La coordinación con la Federación se ha mantenido activa. Sheinbaum confirmó en días pasados que existe un acuerdo de trabajo conjunto para modernizar el sistema hídrico de la ZMG, en el que cada nivel de gobierno asumirá una parte de las acciones. El director de Conagua, Efraín Morales López, participa en las conversaciones. El objetivo común es resolver de fondo el problema de calidad y abasto sin que las familias deban seguir enfrentando episodios de agua sucia.
El desafío hídrico de Guadalajara no es nuevo, pero se agudizó de manera visible en 2026. La combinación de infraestructura envejecida, contaminación en puntos críticos del sistema y la presión de una metrópoli en crecimiento ha puesto en evidencia la necesidad de inversiones estructurales. La propuesta que se construye con especialistas busca no solo soluciones técnicas, sino también un marco de gobernanza que involucre a la sociedad, a los municipios y a los órdenes de gobierno. Lemus ha reiterado que el agua limpia es un derecho y que su administración trabaja todos los días para que la población no tenga que volver a salir a las calles a exigirlo.