El Senado de la República analizará en los próximos días la reforma constitucional que busca otorgar al Congreso de la Unión la facultad para expedir la Ley General en Materia de Extorsión, así lo informó la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez.
De acuerdo con Castillo, la propuesta, derivada de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, apunta a establecer un marco legal uniforme en todo el país para enfrentar de manera más eficaz este delito.
Expresó que la aprobación de la reforma representaría un avance significativo en la lucha contra la extorsión.
“Con la reforma constitucional sobre extorsión, México contará con un marco legal uniforme y actualizado para enfrentar de manera eficaz este delito”, subrayó.
La legisladora recordó que el pasado 18 de septiembre las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos avalaron el Dictamen a la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El dictamen faculta al Congreso de la Unión para legislar de manera general en esta materia. Una vez que el Pleno del Senado y los congresos estatales aprueben la reforma, esta podrá entrar en vigor.
Posteriormente, el Congreso dispondrá de 180 días para expedir la legislación secundaria que dé sustento a la Ley General en Materia de Extorsión.
Según la exposición de motivos de la iniciativa, el delito de extorsión es considerado de jurisdicción concurrente, ya que se encuentra regulado tanto en el Código Penal Federal como en los códigos penales de las entidades federativas.
Esto indicó que ha provocado que existan diferencias en los bienes jurídicos protegidos, verbos rectores, agravantes y sanciones en cada legislación local.
Además, la incidencia del delito presenta contrastes relevantes en las entidades federativas. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que entre 2024 y enero de 2025, los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentraron el 61.8 por ciento de las víctimas de extorsión; en particular, el Estado de México acumula el 33.1 por ciento de los casos.
Otro de los problemas identificados es la disparidad en las penas establecidas. Actualmente, las sanciones van desde un año de prisión en Oaxaca hasta 30 años en Chihuahua, mientras que en el ámbito federal las condenas se sitúan entre dos y ocho años.
Según el documento, esta falta de homologación dificulta el combate eficaz del delito y sería corregida con la aprobación de la reforma.
