El caso de Rubén Rocha Moya permanece en un punto muerto. Mientras Estados Unidos mantiene señalamientos contra el gobernador con licencia de Sinaloa por presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa, el Gobierno de México sostiene que no ha recibido las pruebas necesarias para proceder con una detención urgente con fines de extradición.
A más de tres meses de que Estados Unidos solicitara la detención urgente con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, el Gobierno de México asegura que Washington no ha presentado elementos suficientes para sustentar la petición.
La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a fijar postura este martes 11 de agosto: México no actuará por presión política ni únicamente a partir de acusaciones formuladas desde Washington.
“Nosotros no protegemos a nadie”, ha reiterado la mandataria al explicar que, si existen pruebas contra cualquier persona, las autoridades mexicanas deben actuar, pero siempre dentro del marco legal.
El caso Rocha Moya: ¿qué pide Estados Unidos?
El conflicto comenzó a tomar una nueva dimensión a finales de abril, cuando una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación contra Rocha Moya y otros exfuncionarios de Sinaloa.
La petición estadounidense corresponde a una solicitud de detención urgente con fines de extradición, una figura que no equivale todavía a un juicio formal de extradición.
Ese punto es central para entender por qué el caso permanece estancado.
La administración de Sheinbaum sostiene que, para ejecutar una detención de esta naturaleza, Estados Unidos debe proporcionar elementos probatorios suficientes que respalden los señalamientos. Hasta ahora, según la versión del Gobierno mexicano, esos elementos no han llegado en la forma necesaria.
Rocha Moya dejó la gubernatura
En medio de la presión generada por el caso, Rubén Rocha Moya solicitó licencia para separarse temporalmente de la gubernatura de Sinaloa.
La decisión permitió que el político sinaloense enfrentara las investigaciones sin que su permanencia en el cargo se convirtiera en un factor adicional de cuestionamiento sobre la gobernabilidad del estado.
Desde entonces, la administración estatal quedó bajo una gubernatura provisional mientras Rocha Moya permanece con licencia.
El exmandatario estatal también ha comparecido ante autoridades mexicanas en el contexto de las investigaciones abiertas en su contra.
No hay un plazo para que Estados Unidos entregue las pruebas
Otro de los puntos que ha generado dudas es cuánto tiempo tiene Washington para presentar nuevos elementos.
La respuesta de Sheinbaum ha sido clara: no existe un plazo definido, porque el procedimiento actual no corresponde a un juicio formal de extradición.
“Si Estados Unidos no entrega las pruebas, puede rechazarse esa solicitud de detención urgente”, explicó la presidenta en junio, al diferenciar este mecanismo de un proceso formal de extradición. (La Jornada)
En caso de que Estados Unidos decidiera iniciar formalmente un juicio de extradición, entonces comenzaría otro procedimiento jurídico, con requisitos y tiempos distintos.
¿De qué acusa Estados Unidos a Rocha Moya?
Los señalamientos estadounidenses apuntan a presuntos vínculos entre Rocha Moya y otros funcionarios con integrantes del Cártel de Sinaloa.
Las acusaciones sostienen que algunos funcionarios habrían colaborado con una facción del grupo criminal a cambio de beneficios políticos, protección e impunidad.
Sin embargo, estos son señalamientos contenidos en la acusación estadounidense y no equivalen a una sentencia en México. La situación jurídica de Rocha Moya dependerá de las investigaciones y de los procedimientos que eventualmente se desarrollen en ambos países.
