La Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que la extorsión se mantiene como uno de los principales factores de riesgo para las empresas y las familias del país, al revelar que durante el primer trimestre de 2026 se contabilizaron 2 915 víctimas de este delito, una cifra prácticamente igual a la registrada en el mismo periodo de 2025 y considerada entre las más altas de los últimos 11 años.
Durante la presentación del “Monitor de Seguridad” correspondiente al periodo enero-marzo de 2026, el presidente nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, sostuvo que la extorsión se ha convertido en un obstáculo estructural para el desarrollo económico y para la permanencia de miles de pequeñas y medianas empresas en el país. El dirigente empresarial afirmó que el delito “tiene de rodillas a miles de empresarios” y lo calificó como uno de los principales factores que afectan a las MiPyMEs.
Sierra Álvarez señaló que la seguridad pública es una condición indispensable para garantizar inversión, empleo y crecimiento económico, por lo que insistió en que sin Estado de derecho ni certeza jurídica resulta imposible construir condiciones de confianza para el desarrollo empresarial. En ese contexto, anunció que la organización empresarial dará seguimiento puntual, a través de sus 71 Centros Empresariales, al cumplimiento de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, especialmente en lo relacionado con la homologación de las legislaciones estatales, la atención a víctimas y el fortalecimiento institucional de las fiscalías y organismos encargados de combatir este delito.
El análisis presentado por Jorge Peñúñuri Pantoja, basado en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indicó que entre enero y marzo de 2026 se registró una reducción marginal de 113 víctimas respecto al mismo periodo del año anterior, aunque el fenómeno continúa en niveles históricamente elevados. De acuerdo con los datos expuestos, en promedio 32.4 personas fueron víctimas de extorsión cada día durante el primer trimestre del año, manteniéndose por segundo año consecutivo por encima de las 30 víctimas diarias.
El reporte también evidenció un incremento del delito en 17 de las 32 entidades federativas del país. Además, nueve estados alcanzaron sus niveles más altos de extorsión en más de una década, entre ellos Chihuahua, Ciudad de México, Morelos y Querétaro. Según el análisis de COPARMEX, las mayores variaciones anuales se registraron en Chihuahua, Zacatecas, Yucatán y Tabasco.
En el ámbito municipal, el informe destacó que de los 20 municipios con las tasas más altas de extorsión en el país, 13 se concentran únicamente en Guanajuato y Ciudad de México. Siete corresponden al estado de Guanajuato y seis a la capital del país, lo que refleja focos regionales de alta incidencia vinculados a dinámicas delictivas persistentes.
Durante la conferencia también se presentó por primera vez el Índice de Extorsión COPARMEX (IEC), un indicador diseñado para medir el impacto relativo de este delito a partir de tres variables: incidencia oficial, cifra oculta y percepción de inseguridad. La exposición estuvo a cargo de Mylene Cano, quien explicó que el promedio nacional del índice se ubicó en 49.7 por ciento y que 14 entidades superaron ese nivel.
De acuerdo con el IEC, Morelos, Tabasco y Zacatecas registraron los niveles más elevados del país, lo que, según COPARMEX, refleja condiciones particularmente adversas para la actividad empresarial y la seguridad ciudadana en esas entidades.
Uno de los datos que más preocupación generó entre el sector patronal fue la elevada cifra oculta del delito. Con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, COPARMEX recordó que el 97 por ciento de las extorsiones no se denuncian o no derivan en carpetas de investigación, por lo que las estadísticas oficiales apenas representan el tres por ciento del fenómeno real. La organización aseguró que este nivel de subregistro convierte a la extorsión en el delito con mayor cifra negra en México.
Frente a este panorama, la Confederación planteó una serie de medidas para fortalecer el combate a este ilícito. Entre las principales propuestas destacan la homologación de leyes locales con la legislación federal en materia de extorsión, la instalación obligatoria de inhibidores de señal telefónica en centros penitenciarios y la creación de unidades especializadas en extorsión dentro de las fiscalías estatales.
Además, el organismo empresarial llamó a fortalecer los mecanismos de atención a víctimas y generar mayores condiciones de respaldo y certidumbre para las empresas afectadas por este delito. COPARMEX reiteró que la inseguridad impacta directamente en la competitividad nacional, incrementa costos operativos y limita las capacidades de crecimiento económico y generación de empleo en distintas regiones del país.
La organización sostuvo finalmente que continuará impulsando propuestas basadas en evidencia y seguimiento institucional para evaluar la implementación de la Ley General contra la Extorsión, al considerar que el combate efectivo a este delito será determinante para recuperar condiciones de confianza y estabilidad económica en México.
