Este miércoles 27 de mayo de 2026, la Ciudad de México vivió nuevamente un episodio que ya comienza a repetirse con preocupante frecuencia: una amenaza de bomba que obliga a suspender las actividades de una institución clave del Estado mexicano.
Alrededor de las primeras horas de la tarde, una llamada anónima recibida en el número de emergencias 911 alertó sobre la presunta presencia de un artefacto explosivo en el Palacio Judicial de San Lázaro. De inmediato, las autoridades activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones. Trabajadores, personal administrativo y visitantes —más de 500 personas en total— fueron desalojados de manera ordenada pero firme del inmueble.
Elementos del Grupo Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), binomios caninos (K9), personal de Protección Civil y Bomberos de la Ciudad de México llegaron al lugar para realizar una revisión exhaustiva. El perímetro fue acordonado y las actividades judiciales en esa sede se suspendieron por el resto de la jornada.
Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han reportado el hallazgo de ningún explosivo ni sustancia sospechosa. Todo indica que se trata, una vez más, de una falsa alarma. Sin embargo, el incidente no deja de generar reflexiones importantes.
En primer lugar, evidencia la efectividad de los protocolos de evacuación: el desalojo se realizó sin reportes de heridos ni incidentes mayores, lo cual habla bien de la coordinación entre el Poder Judicial y las autoridades capitalinas. Pero también pone de manifiesto la vulnerabilidad que representa la facilidad con la que una simple llamada puede paralizar un edificio emblemático del sistema de justicia federal.
Este tipo de amenazas no son nuevas. En los últimos meses se han registrado eventos similares en diferentes sedes del Poder Judicial tanto federal como local. Cada vez que ocurre, se genera un costo económico importante (horas-hombre perdidas, traslados, operación de emergencia), un impacto en la percepción de seguridad ciudadana y una distracción en el trabajo cotidiano de impartir justicia.
Es necesario preguntarse: ¿quiénes están detrás de estas llamadas? ¿Se trata de bromas de mal gusto, intentos de sabotaje, o estrategias de distracción relacionadas con casos relevantes que se tramitan en estas instalaciones? Mientras no se identifique y sancione a los responsables, estos incidentes seguirán repitiéndose, erosionando la confianza en las instituciones.
Es urgente que las autoridades federales y locales fortalezcan los sistemas de detección temprana de llamadas falsas, mejoren los mecanismos de geolocalización y persecución de este tipo de delitos, y consideren la implementación de sanciones más severas para quienes realizan amenazas infundadas que generan alarma pública.
Mientras tanto, los ciudadanos y servidores públicos del Poder Judicial deben continuar acatando con responsabilidad estos protocolos, pues, aunque en la mayoría de los casos resulten falsas alarmas, el día que no lo sea podría ser demasiado tarde.
La seguridad de las instituciones no es un tema menor. Proteger los espacios donde se administra justicia es proteger la democracia misma.
