Un juez de control federal dictó prisión preventiva oficiosa contra César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, al término de una audiencia inicial que se prolongó casi diez horas y se realizó de manera parcialmente privada por motivos de seguridad nacional. La determinación se tomó en la madrugada del 21 de octubre de 2026 en el Centro de Justicia Penal Federal del penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Jáuregui permanecerá recluido en ese centro penitenciario mientras se resuelve su situación jurídica.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa del delito de traición a la patria, derivado de su presunta responsabilidad en la participación irregular de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo realizado en abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua. En ese operativo, destinado a desmantelar un narcolaboratorio, fallecieron dos agentes estadounidenses y dos elementos de la fiscalía local.
La defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, la cual fue concedida por el juez. Por esa razón, la audiencia en la que se definirá si Jáuregui es vinculado a proceso o no se realizará el sábado 24 de octubre. Mientras tanto, el exfiscal permanece interno en el Altiplano. La FGR presentó alrededor de 150 datos de prueba durante la audiencia.
El caso tiene dos vertientes. En el fuero estatal, Jáuregui enfrenta cargos por ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos, también relacionados con el mismo operativo de El Pinal. Un juez de Chihuahua había descartado la prisión preventiva en esa causa y le impuso medidas cautelares (entrega de pasaporte, firma mensual y prohibición de comunicarse con testigos). Sin embargo, minutos después de esa resolución, agentes federales ejecutaron la orden de aprehensión por el delito federal de traición a la patria y lo trasladaron al Altiplano.
Según la FGR, Jáuregui habría permitido que personas extranjeras intervinieran sin autorización en territorio nacional y en acciones que corresponden exclusivamente a las fuerzas federales. La fiscal Ernestina Godoy ha señalado que esta conducta atenta contra el pacto federal, la división de poderes y la soberanía nacional, de acuerdo con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. La investigación federal se fortaleció con un análisis de inteligencia y una denuncia ciudadana que modificaron la calificación jurídica inicial del caso.
Jáuregui renunció al cargo de fiscal general de Chihuahua el 27 de abril de 2026, pocos días después del operativo en el que murieron los agentes. En ese momento reconoció fallos institucionales de información y supervisión respecto a la colaboración con personal extranjero. Documentos presentados en las audiencias indican que los agentes estadounidenses habrían operado en el estado desde octubre de 2025, meses antes de la fecha del operativo que les costó la vida.
El delito de traición a la patria se sanciona con penas de cinco a 40 años de prisión. La resolución del juez federal de mantener a Jáuregui en prisión preventiva oficiosa refleja la gravedad que las autoridades asignan a los hechos. El sábado 24 de octubre se conocerá si el exfiscal queda formalmente vinculado a proceso o si se determina otra medida cautelar.
El caso ha generado un intenso debate sobre los límites de la colaboración entre autoridades estatales mexicanas y agencias extranjeras de inteligencia en operaciones de seguridad en territorio nacional, así como sobre las responsabilidades institucionales cuando esas operaciones terminan en tragedia.
