El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra cuatro personas y 11 empresas señaladas por sus presuntos vínculos con el Cártel del Noreste (CDN), en una acción dirigida a debilitar las operaciones financieras de la organización criminal en México. La red identificada por las autoridades tiene presencia principalmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y también alcanza actividades comerciales en Nuevo León.
El anuncio se dio a conocer el martes 13 de octubre de 2026 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. Las medidas apuntan a una presunta estructura que habría utilizado empresas de distintos sectores para mover recursos relacionados con el grupo criminal.
Entre las actividades señaladas figuran los negocios de crianza y carreras de caballos, la construcción, el transporte de carga y la distribución de combustibles y gas. Las autoridades también vincularon a algunos de los empresarios sancionados con presuntos mecanismos de financiamiento político y obtención irregular de contratos públicos.
¿Qué empresas y negocios fueron señalados por Estados Unidos?
De acuerdo con los reportes sobre la decisión de la OFAC, la red incluía compañías que operaban en sectores comerciales aparentemente legales, pero que presuntamente habrían servido para lavar dinero y facilitar recursos al Cártel del Noreste.
Uno de los negocios mencionados es el club hípico e hipódromo La Molienda, en Nuevo Laredo, relacionado con la crianza y las carreras de caballos de cuarto de milla. También aparecen empresas vinculadas con la construcción, el transporte de mercancías y la comercialización de combustibles, gas y petróleo.
La investigación estadounidense sostiene que estas actividades habrían permitido a los involucrados mover dinero y sostener operaciones de la organización criminal mediante negocios formales. Las sanciones, sin embargo, corresponden a señalamientos de las autoridades y no deben interpretarse por sí solas como una sentencia penal contra todas las personas o empresas mencionadas.
¿Quiénes son las personas sancionadas por sus presuntos vínculos con el CDN?
Entre los nombres que aparecen en los reportes periodísticos se encuentran Gamaliel Garza García y su hijo, Gamaliel Garza Elías, relacionados con la constructora CEGESA. Según las acusaciones estadounidenses, la empresa habría sido utilizada para canalizar dinero en efectivo hacia campañas electorales de candidatos que presuntamente favorecían los intereses del grupo criminal, además de obtener contratos gubernamentales de manera irregular.
Otro de los señalados es Pablo César Guajardo Álvarez, conocido como “Takia”, a quien las autoridades identifican como un presunto jefe de plaza del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo.
También figura Francisco Javier Inzunza Partida, descrito en la información publicada por El País como un operador relacionado con el despacho de camiones y con el envío de remolques que presuntamente transportaban cocaína hacia Estados Unidos.
Los señalamientos forman parte de las razones expuestas para imponer las medidas financieras. Para atribuir responsabilidades penales individuales se requieren los procedimientos y resoluciones correspondientes.
¿Qué acusaciones hay sobre el financiamiento de campañas políticas?
Uno de los aspectos más relevantes del anuncio es la presunta conexión entre actividades empresariales, contratos públicos y financiamiento político.
Según las acusaciones citadas en los reportes, Gamaliel Garza García y su hijo habrían utilizado su constructora para hacer llegar efectivo a campañas de candidatos que supuestamente beneficiaban al Cártel del Noreste. Las autoridades estadounidenses también señalaron posibles irregularidades relacionadas con la adjudicación de contratos gubernamentales.
Estas afirmaciones colocan bajo escrutinio las presuntas relaciones entre empresarios, recursos de origen ilícito y actores políticos. No obstante, cualquier responsabilidad debe establecerse a partir de las pruebas y los procedimientos legales aplicables, sin dar por comprobados los señalamientos únicamente por la inclusión en una lista de sanciones.
¿Qué pasa con las cuentas y los bienes de los sancionados?
La designación de la OFAC implica el bloqueo de los bienes y los intereses financieros de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses. También restringe, en términos generales, las transacciones que involucren a los sancionados, salvo las excepciones o autorizaciones aplicables.
En México, la UIF informó sobre medidas relacionadas con el bloqueo de operaciones financieras de los involucrados mediante su Lista de Personas Bloqueadas. El alcance y la aplicación de estas medidas dependen de los procedimientos de las autoridades mexicanas y de las disposiciones vigentes.
El objetivo de este tipo de acciones es dificultar que los señalados utilicen el sistema financiero y las relaciones comerciales para mover recursos. Las sanciones financieras no equivalen automáticamente a una condena penal ni significan que todos los bienes en cualquier país hayan sido confiscados.
