El productor de televisión Luis de Llano recuperó su libertad este jueves 3 de septiembre después de cumplir parte del arresto administrativo que le fue impuesto por incumplir una sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la cantante Sasha Sokol.
La detención se ejecutó la tarde del miércoles 2 de septiembre en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo localizaron y lo trasladaron al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social “San Fernando”, en la alcaldía Tlalpan.
La medida obedeció a dos órdenes de arresto administrativo emitidas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia capitalino. Cada una contempla 15 horas de privación de la libertad, acumulables, lo que sumaba un total de 30 horas. Las órdenes se dictaron como medidas de apremio por dos incumplimientos distintos de la sentencia definitiva.
De acuerdo con el equipo legal de Sasha Sokol, De Llano se había negado a grabar y presentar ante el juzgado una disculpa pública dirigida a la artista, y también se había resistido a publicar la síntesis de la sentencia en la que se confirmó su responsabilidad por daño moral. En esa resolución se estableció que Sokol fue víctima de abuso sexual cuando era menor de edad.
El caso civil por daño moral se originó a partir de la denuncia de la cantante, quien ha sostenido una larga batalla legal. La Suprema Corte determinó que el delito de abuso sexual no prescribe por la vía civil, lo que permitió que la sentencia quedara firme. A pesar de las multas y requerimientos previos, el productor no había acatado las obligaciones de reparación.
Durante su estancia en el centro de sanciones, el abogado de De Llano presentó recursos y denunció irregularidades en el procedimiento. Familiares del productor también acudieron al lugar para mostrar su apoyo. Finalmente, tras cumplir parte del tiempo de arresto, las autoridades procedieron a su liberación.
La salida de De Llano no cierra el proceso judicial. Las obligaciones de disculpa pública y difusión de la sentencia continúan vigentes. El equipo legal de Sokol ha advertido que de persistir el desacato se podrían promover nuevas sanciones e incluso configurarse un delito de desobediencia a mandatos judiciales, con posibles penas de hasta cinco años de prisión.
El caso mantiene la atención mediática por la relevancia de las figuras involucradas y por el precedente que representa en materia de reparación del daño por abusos cometidos décadas atrás.
