La localización de registros contables en una de las cabañas donde se ocultaba Cártel Jalisco Nueva Generación reveló con crudeza el nivel de organización financiera y operativa de la estructura encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Los documentos detallan ingresos y egresos derivados de la venta de drogas, así como pagos sistemáticos a halcones, sicarios, operadores regionales y, de manera particularmente sensible, a policías, funcionarios e incluso presuntos elementos militares.
Los cuadernos y hojas de cálculo hallados en el refugio muestran una administración meticulosa, con cortes mensuales, desgloses por plaza y registros de gastos operativos. No se trata de simples anotaciones dispersas, sino de una contabilidad estructurada que incluye conceptos como gasolina, mantenimiento de vehículos, compra de equipo táctico, pagos a hackers y control detallado de la comercialización de cristal, marihuana y fentanilo. También aparecen referencias a ingresos obtenidos por actividades paralelas, como la explotación de maquinitas tragamonedas ilegales.
Uno de los apartados más reveladores corresponde a diciembre de 2025. Según los documentos, en el municipio de Tapalpa y zonas aledañas, el CJNG reportó ingresos por 8 millones 781 mil 353 pesos en ese solo mes. La cifra ilustra la dimensión económica de la organización en una región específica y permite dimensionar el flujo de recursos que sostiene su estructura territorial. El desglose incluye ventas de cristal y otras drogas sintéticas, así como montos asociados al control de puntos de distribución.
La denominada “narconómina” también enumera pagos mensuales a halcones —encargados de vigilar movimientos de autoridades y grupos rivales— y a sicarios asignados a distintas células. Los montos varían según la jerarquía y la responsabilidad operativa. En algunos casos, se consignan bonos extraordinarios o compensaciones adicionales por “eventos” específicos, lo que sugiere una lógica empresarial trasladada a la dinámica criminal.
Particularmente delicado resulta el apartado de sobornos. Los registros incluyen pagos periódicos a autoridades locales, cuyos montos, según la información publicada, representan un porcentaje significativo de la nómina municipal de seguridad en la zona referida. Esta revelación apunta a un posible esquema de cooptación institucional sostenido mediante transferencias regulares, lo que explicaría la capacidad de la organización para operar con relativa libertad en determinadas demarcaciones.
Los documentos también reflejan la existencia de operadores y líderes regionales responsables de administrar recursos y rendir cuentas a niveles superiores. Se observan cortes financieros que indican ingresos brutos, gastos operativos y saldos, en una dinámica que reproduce prácticas propias de estructuras corporativas formales. La precisión de los registros sugiere un sistema de control interno diseñado para evitar desvíos y asegurar disciplina financiera dentro del grupo.
El hallazgo de esta contabilidad ofrece un retrato poco común de la economía interna del CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas del país en los últimos años. Más allá del impacto mediático, los registros podrían constituir evidencia clave en investigaciones federales orientadas a desmantelar redes de corrupción y financiamiento ilícito.
Especialistas en seguridad consultados en diversas ocasiones han advertido que la fortaleza de grupos como el CJNG no sólo radica en su capacidad armada, sino en su sofisticación logística y financiera. La “narconómina” confirma esa hipótesis: detrás de la violencia visible existe una administración detallada que permite sostener estructuras territoriales, pagar lealtades y asegurar protección institucional.
La difusión de estos documentos coloca bajo escrutinio a autoridades locales y revela la infiltración del crimen organizado en corporaciones de seguridad municipales. También subraya el desafío que enfrentan las instituciones federales para rastrear y desarticular los circuitos financieros que alimentan a estas organizaciones.
La pregunta que queda abierta es hasta dónde llegarán las investigaciones derivadas de estos hallazgos y si los nombres asentados en esos libros se traducirán en responsabilidades penales.
