Guadalajara, Jalisco. — En la madrugada de este lunes 12 de octubre, la Fiscalía del Estado de Jalisco liberó a diez personas que habían sido detenidas el domingo durante la marcha ciudadana que exigía mejoras en la calidad y el abasto del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Las liberaciones se produjeron en las instalaciones de la Fiscalía, donde familiares y colectivos se concentraron para exigir información y la salida de los retenidos.
Las personas que recuperaron su libertad, identificadas como Iván “N”, Verónica Nayeli “N”, Marisol “N”, María Fernanda “N”, Xalli Yenelli “N”, Alejandra “N”, Adriana María Emilia “N”, Adriana Gabriela “N”, Daniela “N” y Laura Montserrat “N”, salieron bajo los términos del Artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto permite a las autoridades continuar con las carpetas de investigación por los delitos de ataque a las vías de comunicación, lesiones y delitos contra representantes de la autoridad, sin necesidad de mantenerlas en prisión preventiva.
La movilización del domingo 11 de octubre partió de la Glorieta de La Minerva y se dirigió hacia Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus. Según cifras del Gobierno del Estado, alrededor de 10 mil personas participaron de manera pacífica durante las primeras horas para reclamar por el agua turbia, con malos olores y presunta contaminación que afecta a cientos de colonias de la zona metropolitana desde hace meses. Habitantes han denunciado la presencia de sedimentos, olores fétidos y, de acuerdo con organizaciones civiles, posibles contaminantes que generan preocupación por la salud.
Las autoridades informaron que la protesta se desarrolló de forma ordenada hasta que un grupo de aproximadamente 400 personas, en su mayoría con el rostro cubierto, intervino y generó enfrentamientos. Elementos de seguridad utilizaron chorros de agua y gas lacrimógeno para dispersar a los involucrados. El saldo oficial reportado por el coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón, incluye 39 personas detenidas (21 hombres y 18 mujeres), 28 policías lesionados —dos de ellos de gravedad, uno con fracturas de cráneo, pómulo y nariz, y otro que perdió un dedo— y 31 civiles que recibieron atención médica en el lugar.
Colectivos, familiares y organizaciones de derechos humanos presentaron cifras iniciales superiores, de hasta 52 personas, y denunciaron detenciones que consideraron arbitrarias, así como demoras en la entrega de información sobre el paradero de los retenidos. Universidades como la de Guadalajara y el ITESO expresaron preocupación por la integridad de estudiantes que habrían sido detenidos y llamaron a esclarecer los hechos y privilegiar el diálogo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco desplegó observadores durante la jornada y ha dado seguimiento a las detenciones.
El Gobierno del Estado lamentó que un grupo ajeno hubiera empañado una protesta legítima y reiteró que el derecho a la manifestación pacífica debe respetarse. Por su parte, legisladores de distintos partidos y organizaciones civiles exigieron la liberación inmediata de los restantes detenidos y una revisión del uso de la fuerza policial. Algunas de las personas liberadas han referido haber sufrido lesiones durante su detención.
Hasta el momento de esta publicación, se mantiene la situación jurídica de las 29 personas que permanecen a disposición de la Fiscalía. Las autoridades no han detallado si se contemplan nuevas liberaciones en las próximas horas ni el avance de las investigaciones. Mientras tanto, la demanda de agua limpia y suficiente sigue siendo el eje de las preocupaciones ciudadanas en la región, en un contexto de molestia acumulada por meses de irregularidades en el servicio.
