La solemnidad que históricamente ha rodeado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se vio sacudida esta semana tras la difusión de un video en el que se observa a la ministra Lenia Batres Guadarrama doblando prendas de vestir, mientras participaba en una sesión a distancia del máximo tribunal del país. Lo que en otro contexto podría considerarse una actividad cotidiana de cualquier ciudadano en su hogar, en el marco de la máxima instancia judicial de México se ha transformado en un símbolo de la crisis de confianza y profesionalismo que enfrenta el sistema de justicia.
La SCJN es el órgano encargado de defender la Constitución y los derechos humanos de millones de mexicanos. El uso de la toga, el lenguaje formal y la atención absoluta no son meros adornos; son garantías simbólicas de que cada palabra y cada voto emitido por un ministro es el resultado de un análisis profundo y una concentración total. La imagen de una ministra atendiendo la lavandería mientras se deciden los destinos legales del país proyecta una desconexión alarmante con la gravedad del cargo que ostenta.
El Código de Ética del Poder Judicial de la Federación es claro al señalar que los juzgadores deben mantener una conducta que fortalezca la confianza pública. El principio de profesionalismo exige que el tiempo laboral se dedique exclusivamente a la función encomendada. Al dividir su atención entre el cuidado del hogar y la deliberación judicial, se vulnera la percepción de imparcialidad y rigor técnico.
Especialistas en derecho constitucional han señalado que este comportamiento es una falta de respeto hacia los otros diez ministros que integran el Pleno, hacia los abogados que presentan los casos y, primordialmente, hacia la ciudadanía. “La justicia no es un pasatiempo que se pueda ejercer mientras se hacen los quehaceres”, señalaron diversas voces en la plataforma X. El argumento de la “multitarea” resulta insuficiente cuando lo que está en juego es la interpretación de la ley fundamental.
Este suceso ocurre en un momento de extrema vulnerabilidad para la SCJN, la cual ha estado bajo el fuego constante de ataques políticos que la acusan de ser una institución elitista y alejada del pueblo. Irónicamente, actos como el de la ministra Batres —quien ha sido una de las voces más críticas del “viejo régimen” judicial— terminan por alimentar la narrativa de que la institución carece de la seriedad necesaria para enfrentar los retos del México actual.
La defensa de la ministra o de sus simpatizantes podría apelar a la normalización de las labores del hogar, pero la respuesta pública ha sido mayoritariamente de rechazo. El cuestionamiento central no es la actividad de doblar ropa en sí misma, sino el momento y el lugar. Un ministro de la Corte percibe uno de los salarios más altos de la administración pública precisamente para asegurar que su juicio no se vea empañado por distracciones externas durante las horas de servicio.
A pesar de la indignación, es poco probable que este acto derive en una sanción administrativa formal. Los ministros de la SCJN operan bajo un esquema de autorregulación. No existe un superior jerárquico que pueda amonestar a Batres por una falta de etiqueta o decoro. La verdadera consecuencia radica en la legitimidad moral.
En un país donde el acceso a la justicia es lento y a menudo desigual, ver a una de sus máximas representantes tratar una sesión de la Corte como un espacio para resolver pendientes domésticos profundiza la brecha entre la sociedad y sus instituciones. La seriedad de la justicia en México no solo se mide en la calidad de sus sentencias, sino en el respeto que sus propios protagonistas profesan hacia la investidura que representan.
