La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Jorge “N”, identificado como excontador y colaborador cercano de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), fue capturado y vinculado a proceso por su posible participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. Las autoridades federales señalan que las irregularidades en las declaraciones fiscales de Jorge “N” durante varios años habrían generado un perjuicio al erario público por aproximadamente 28 millones de pesos.
La detención se llevó a cabo en la ciudad de Querétaro, donde agentes de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía ejecutaron una orden de aprehensión en su contra. Posteriormente, Jorge “N” fue trasladado a la Ciudad de México, puesto a disposición de un juez federal y, finalmente, vinculado a proceso por el delito imputado.
De acuerdo con la investigación presentada por el Ministerio Público Federal y la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, las posibles irregularidades se realizaron principalmente en las declaraciones fiscales relativas al Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En ese lapso, Jorge “N” habría reportado ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, lo que, según las autoridades, provocó una evasión de impuestos estimada en alrededor de 28 millones de pesos al fisco federal.
Durante la audiencia de control, el juez determinó imponer como medida cautelar la prisión preventiva justificada para el imputado, quien permanecerá internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México mientras se desarrolla la investigación complementaria. A la vez, se fijó un plazo de tres meses para que el Ministerio Público Federal continúe recabando y analizando pruebas que fortalezcan la acusación contra Jorge “N”.
#EnVivo Mensaje a medios del Dr. @UlisesLaraLopez, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de esta Fiscalía.
— FGR México (@FGRMexico) March 3, 2026
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La FGR, a través de su vocero Ulises Lara López, ha señalado que esta acción forma parte de un conjunto de medidas para combatir los llamados delitos de “cuello blanco” y de recuperar recursos públicos que hayan sido desviados por medio de prácticas ilícitas. Las autoridades detallaron que la vinculación a proceso no representa una sentencia, y que el imputado será considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario en juicio.
Policías federales ministeriales de #FGR, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jorge “N”, persona cercana a un ex director de @Pemex. De acuerdo con investigaciones, en sus declaraciones fiscales anuales, posiblemente causó un perjuicio al fisco federal por… pic.twitter.com/JB97651g46
— FGR México (@FGRMexico) March 3, 2026
El caso de Jorge “N” vuelve a poner en el foco público la atención sobre investigaciones más amplias relacionadas con figuras cercanas a Emilio Lozoya, quien ha sido objeto de múltiples procesos judiciales por casos de corrupción durante su gestión en PEMEX. Aunque este procedimiento contra Jorge “N” se centra específicamente en presuntas irregularidades fiscales personales, algunos analistas señalan que refuerza la percepción de que el entorno financiero de altos funcionarios de la empresa estatal ha estado bajo escrutinio de las autoridades mexicanas en los últimos años.
La defraudación fiscal equiparada es un delito que se configura cuando una persona obtiene un beneficio indebido o evade el pago de impuestos mediante la omisión de ingresos o la presentación de información falsa o inexacta ante la autoridad fiscal. Este tipo de conductas, tipificadas en el Código Fiscal de la Federación, son perseguidas penalmente cuando el monto del perjuicio supera ciertos umbrales establecidos por la ley.
La vinculación a proceso de Jorge “N” se da en un contexto en el que las autoridades mexicanas han intensificado sus esfuerzos por sancionar a personas y operadores financieros que, conforme a las investigaciones, habrían utilizado su posición para evadir el pago de impuestos o encubrir movimientos de recursos que afectaron las arcas públicas. La sentencia final dependerá de la valoración de evidencia presentada por la Fiscalía ante los tribunales y de las etapas procesales por venir.