La diputada federal del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil, denunció en tribuna de la Cámara de Diputados una campaña de ataques y acoso digital en su contra que, según afirmó, proviene en gran medida de sectores del propio movimiento político al que pertenece. La legisladora aseguró que en los últimos días ha sido blanco de insultos, descalificaciones y señalamientos tras expresar diferencias con decisiones del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el contexto del debate sobre la reforma electoral y la dinámica interna del bloque oficialista.
Durante su intervención en el pleno, Aguilar sostuvo que nunca imaginó que las críticas más intensas provendrían de “hermanos del movimiento”, en referencia a integrantes o simpatizantes de las fuerzas que integran la coalición gobernante. “Traidora. Todos estos han sido insultos que se me han proferido en los últimos siete días de manera constante y viral en las redes sociales”, expresó desde la tribuna, al relatar el nivel de hostigamiento que, dijo, ha enfrentado en plataformas digitales.
La legisladora señaló que entre los calificativos que han circulado en su contra se encuentran expresiones como “Guasimodo”, “chueca” o “Popeye”, ataques que —afirmó— buscan descalificarla personalmente ante la falta de argumentos políticos. Aguilar recordó que no es la primera vez que enfrenta ese tipo de agresiones, al mencionar que anteriormente la senadora Lilly Téllez la había llamado “chueca” en un intercambio político. Sin embargo, subrayó que en esta ocasión la ofensiva proviene de sectores que comparten el mismo proyecto político.
En su discurso, la diputada aseguró que responderá a las críticas con firmeza y transparencia. “Yo vengo acá a plantar cara, no solamente con mucha entereza, sino con mucha seguridad. No tengo nada que esconder, como no lo tiene el PT”, sostuvo. Aguilar insistió en que su partido forma parte del movimiento que llevó al poder al actual gobierno y que lo hace con dignidad e interés público.
La controversia se intensificó luego de que en redes sociales comenzaran a difundirse fragmentos de su declaración patrimonial, en la que reporta bienes por más de 22 millones de pesos. De acuerdo con la información pública presentada por la propia legisladora en sus declaraciones oficiales, entre sus activos destaca una casa valuada en aproximadamente 16.7 millones de pesos adquirida en 2022 mediante crédito hipotecario, así como un departamento comprado en 2014 por más de 5.4 millones de pesos. También reporta la posesión de vehículos como una Volkswagen Terramont modelo 2022 y una Dodge Durango 2015.
En el mismo documento patrimonial se registran adeudos superiores a los 5.4 millones de pesos, principalmente derivados de créditos hipotecarios y obligaciones bancarias. Aguilar defendió la legalidad de su patrimonio y recalcó que toda su información es pública por decisión propia. “Está debidamente declarado que son públicos porque yo así lo he decidido. Porque no tengo nada que esconder y porque todos mis bienes son lícitos”, afirmó.
La legisladora insistió en que la difusión de su patrimonio forma parte de una estrategia de presión política frente a su postura en discusiones internas del oficialismo. Aunque no detalló cuáles decisiones específicas motivaron el conflicto, en los últimos días se han registrado desacuerdos dentro del bloque gobernante respecto a temas de la agenda legislativa y la conducción política del movimiento.
El episodio ha reavivado las tensiones entre las fuerzas que integran la alianza gobernante, particularmente entre Morena y el Partido del Trabajo, aliados electorales desde 2018 pero con diferencias ocasionales en la estrategia parlamentaria y en la definición de prioridades políticas.
En su mensaje, Aguilar advirtió que la mayor amenaza para el proyecto político al que pertenece no proviene de la oposición, sino de las divisiones internas. “Hay corrupción que se da dentro del movimiento y la destrucción del mismo solo viene desde adentro”, señaló, al lamentar el clima de confrontación entre actores que comparten la misma plataforma política.
La polémica ha abierto un nuevo debate dentro del oficialismo sobre los límites de la crítica interna, el papel de las redes sociales en la disputa política y la congruencia entre el discurso de austeridad que caracteriza al movimiento gobernante y la realidad patrimonial de algunos de sus integrantes. Más allá de la defensa de la legalidad de sus bienes, el caso refleja cómo un desacuerdo político puede escalar rápidamente hacia el terreno personal y patrimonial, en un contexto donde las tensiones internas comienzan a hacerse visibles en la arena pública.
