En una sesión marcada por tensiones políticas, negociaciones de último momento y una oposición frontal al contenido original de la iniciativa, el Senado de la República aprobó la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum con un cambio de fondo: la eliminación total de las modificaciones al artículo 35 constitucional, lo que impide adelantar la revocación de mandato a 2027 y mantiene ese ejercicio en 2028.
La decisión deja fuera a la mandataria de cualquier participación en la boleta durante las elecciones intermedias y redefine uno de los puntos más controvertidos del llamado “plan B”. Sin embargo, el ajuste no desactivó las críticas de la oposición, particularmente de Movimiento Ciudadano, que mantuvo su voto en contra y elevó el tono de sus advertencias sobre los efectos de la reforma en la equidad electoral.
El coordinador de la bancada naranja, Clemente Castañeda, fue enfático al sostener que el dictamen, incluso con modificaciones, busca “hacer constitucional la inequidad en beneficio del partido gobernante”, al tiempo que acusó que se pretende generar una “cancha dispareja” para la competencia política. Su posicionamiento se dio en el contexto de una discusión en la que la oposición insistió en que el diseño original de la reforma abría espacios indebidos para la intervención del Ejecutivo en procesos electorales.
En la misma línea, el senador Luis Donaldo Colosio advirtió que el proyecto generaba incertidumbre jurídica al no establecer con claridad las fechas para la revocación de mandato, además de señalar que permitía a la presidenta realizar propaganda política, lo que, a su juicio, distorsiona las reglas de competencia democrática. Aunque la reserva aprobada eliminó la posibilidad de adelantar ese ejercicio, el legislador sostuvo que el diseño general de la reforma sigue dejando espacios ambiguos que podrían prestarse a interpretaciones discrecionales.
Durante el posicionamiento de su grupo parlamentario, la senadora Alejandra Barrales advirtió que la iniciativa pone en riesgo principios básicos del sistema democrático mexicano, al vulnerar la equidad electoral y permitir la intervención de servidores públicos en procesos que deberían mantenerse ajenos a la influencia gubernamental. En un tono más contenido, pero igualmente crítico, remató con una frase que sintetizó la postura de su bancada: “Queremos ver a una jefa de Estado, no a una jefa de campaña”.
Estas críticas se sumaron a las de otras fuerzas políticas que, desde el inicio del debate, rechazaron el proyecto en bloque. No obstante, el factor decisivo en la reconfiguración de la reforma provino del Partido del Trabajo, que condicionó su respaldo a la eliminación de todo lo relativo a la revocación de mandato.
La senadora Liz Sánchez presentó la reserva acordada con Morena para retirar los cambios al artículo 35, argumentando que la revocación debe mantenerse en sus términos actuales para preservar su naturaleza democrática y evitar su coincidencia con procesos electorales. La propuesta fue aprobada y se convirtió en la única modificación avalada entre las múltiples reservas presentadas.
El dirigente petista, Alberto Anaya, había anticipado la postura de su bancada al señalar que no acompañarían ese apartado del dictamen, aunque reiteró el respaldo político a la presidenta y a la coalición gobernante. Su intervención marcó una inusual diferenciación dentro del bloque oficialista, que finalmente se resolvió mediante negociación.
Desde Morena, el coordinador Ignacio Mier defendió el resultado al señalar que se actuó con una visión de Estado para preservar tanto la arquitectura legal como la cohesión de la coalición, y rechazó que la eliminación del tema de la revocación represente un fracaso legislativo.
Con 87 votos a favor y 41 en contra, el Senado aprobó la reforma constitucional, que ahora será turnada a la Cámara de Diputados y posteriormente a los congresos estatales para su validación. Aunque el bloque mayoritario logró concretar la aprobación, el debate dejó al descubierto no sólo diferencias internas, sino también una oposición que, particularmente desde Movimiento Ciudadano, advierte que el fondo de la reforma sigue planteando riesgos para la equidad y la competencia democrática en el país.
