Anayeli Muñoz, diputada federal de Movimiento Ciudadano por Aguascalientes, lanzó un posicionamiento público en el que cuestiona la falta de claridad y posibles responsabilidades administrativas en torno a los contratos firmados con la empresa Next Energy, luego de que se diera a conocer una resolución judicial que ordena la rescisión del acuerdo con el Ayuntamiento de Aguascalientes y la devolución de al menos 600 millones de pesos al erario municipal.
De acuerdo con información difundida por medios locales, un juzgado determinó la cancelación del contrato; sin embargo, la controversia no se limita a ese monto. Según los últimos convenios modificatorios, durante 2025 se habrían realizado pagos que superan los mil millones de pesos a la empresa, lo que abre interrogantes sobre el manejo de recursos públicos y la legalidad de las ampliaciones contractuales.
En este contexto, Anayeli Muñoz cuestionó la narrativa oficial que, hasta ahora, ha atribuido la situación a un presunto engaño por parte de la empresa hacia las autoridades estatales y municipales. La también coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento rechazó esa versión y sostuvo que resulta inverosímil que un contrato de tal magnitud, que pasó de 7 mil a 20 mil millones de pesos, se haya ampliado sin conocimiento pleno de los funcionarios responsables, especialmente cuando el proyecto del parque solar no se encontraba en operación. También exigió respuestas y justicia, pues en Aguascalientes no hay funcionarios sancionados, como ha sucedido en otros estados.
Las críticas también alcanzan a la actual administración estatal encabezada por Teresa Jiménez Esquivel, al señalar que durante su gestión se firmó un contrato adicional con una empresa vinculada al empresario Eugenio Maíz Mier, propietario de Next Energy, actualmente detenido. Dicho contrato habría implicado la compra de luminarias a precios significativamente superiores a los del mercado, con diferencias que, según observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, podrían representar un sobreprecio de hasta 600 millones de pesos.
El señalamiento se suma a un contexto nacional donde los contratos de Next Energy han sido objeto de controversia en distintas entidades. En Baja California, el exgobernador Jaime Bonilla Valdez fue vinculado a proceso por su presunta participación en un esquema similar relacionado con la firma de contratos con la misma empresa, lo que refuerza las sospechas sobre un patrón de irregularidades en distintos estados.
Asimismo, en Nuevo León, el proyecto de Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica durante del agestión de Adrián de la Garza, también enfrentó cuestionamientos por parte de autoridades estatales y organismos fiscalizadores, que señalaron inconsistencias financieras y riesgos para las finanzas públicas, lo que derivó en la cancelación del proyecto.
Ante este panorama, Anayeli Muñoz planteó una serie de interrogantes que, hasta el momento, permanecen sin respuesta clara: quiénes son los servidores públicos responsables de la firma y ampliación de los contratos, cuál es el monto total real que se pagó a la empresa y por qué no se han aplicado sanciones pese a las irregularidades detectadas.
El caso Next Energy se perfila así como un nuevo foco de presión política en Aguascalientes, donde la exigencia de transparencia y rendición de cuentas crece frente a un esquema contractual que, más allá de la resolución judicial inicial, sigue rodeado de dudas sobre su origen, ejecución y consecuencias para el erario público.
