Luego de que la Cámara de Diputados rechazara la reforma constitucional en materia electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, alertó que el gobierno federal aún podría intentar modificar el sistema electoral mediante cambios a leyes secundarias, un escenario que —afirmó— podría resultar “igual de nocivo” que la propuesta constitucional derrotada en el Congreso.
En entrevista con la periodista Azucena Uresti, Córdova señaló que el episodio ocurrido en el Congreso recuerda lo sucedido en diciembre de 2022, cuando fracasó la primera reforma constitucional impulsada por el oficialismo y posteriormente se aprobó de manera acelerada el llamado “Plan B”, un paquete de modificaciones legales que más tarde fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerar que el proceso legislativo había vulnerado reglas fundamentales del procedimiento parlamentario.
El ex titular del órgano electoral explicó que en aquella ocasión las reformas a seis leyes secundarias se aprobaron en cuestión de horas, sin que los legisladores contaran con tiempo suficiente para analizar el contenido de los cambios. Esa circunstancia derivó en su eventual anulación por parte del máximo tribunal del país. No obstante, advirtió que el contexto político actual presenta diferencias relevantes, particularmente por la correlación de fuerzas en el Congreso, donde el partido oficialista y sus aliados mantienen una mayoría suficiente para aprobar reformas legales sin necesidad de alcanzar mayorías calificadas.
De acuerdo con Córdova, esa condición abre la posibilidad de que el gobierno impulse modificaciones al marco legal electoral que, aunque no impliquen cambios constitucionales, sí podrían alterar aspectos sensibles del funcionamiento del sistema electoral mexicano. Entre los puntos que podrían retomarse se encuentran disposiciones relacionadas con el uso de inteligencia artificial en contenidos informativos durante procesos electorales, así como la obligación de etiquetar material manipulado o alterado, un tema que —según explicó— no fue claramente definido en la propuesta original.
El ex consejero también advirtió que otro de los posibles objetivos de una reforma legal sería reducir el costo operativo del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, sostuvo que una disminución significativa del presupuesto tendría efectos directos en la estructura laboral del organismo. Según explicó, cerca del 80 por ciento del gasto del instituto se destina a servicios personales, es decir, a la operación técnica y territorial que permite organizar elecciones en todo el país.
Refirió que algunas cosas que Morena puede cambiar sin el poyo de otros partidos es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, “que se incluía y que se establecía como obligación de los emisores y de los medios etiquetar todo lo que era información manipulada sin aclarar de que se trataba eso”. También podrían incluir algunos temas como autorizaciones para los funcionarios para, “promover la participación ciudadana, aun cuando esto eventualmente podría ir en contra de lo que dice la Constitución”. Asimismo, afirmo que la revocación de mandato requeriría reforma constitucional, por lo que no podría proponerse.
El ex consejero del INE advirtió que sería difícil lograr una revocación en la Corte por la nueva constitución de esta, y sentenció que “un Plan B, como ocurrió en el pasado y como nos lo demostró lo que ocurrió hace unos años, puede ser igualmente nocivo que el Plan A“.
En ese sentido, recordó que el Plan B aprobado en 2022 contemplaba la eliminación de hasta 85 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral, una medida que —dijo— habría debilitado la capacidad operativa del instituto encargado de organizar las elecciones federales y supervisar los procesos locales. A su juicio, medidas similares podrían reaparecer en nuevas iniciativas legislativas, lo que afectaría la estructura que sostiene el funcionamiento cotidiano del sistema electoral.
Córdova subrayó que, aunque algunos cambios planteados en el pasado requerirían necesariamente reformas constitucionales —como la elección popular de consejeros electorales o la desaparición de organismos públicos locales electorales—, existen otros aspectos del sistema que sí pueden modificarse a través de leyes secundarias. Entre ellos mencionó posibles ajustes en el procedimiento para asignar diputaciones de representación proporcional, lo que podría incidir en el fenómeno de la sobrerepresentación legislativa.
Asimismo, recordó que en propuestas anteriores se plantearon medidas como permitir que la Secretaría de Relaciones Exteriores tuviera intervención en la validación de listados de votantes mexicanos en el extranjero, una atribución que actualmente corresponde exclusivamente al órgano electoral. Desde su perspectiva, cambios de ese tipo podrían afectar la autonomía institucional y las garantías para la emisión libre del voto.
El ex presidente del INE también consideró que el intento de modificar las reglas electorales sin amplios acuerdos políticos representa un riesgo para la estabilidad democrática del país. Afirmó que históricamente las reformas electorales en México han surgido de negociaciones entre distintas fuerzas políticas y de diagnósticos compartidos sobre los problemas del sistema, lo que —según dijo— no se ha reflejado en las iniciativas impulsadas recientemente.
En ese contexto, calificó como paradójico que partidos aliados del oficialismo, como el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, no hayan respaldado la reforma constitucional en la votación reciente en la Cámara de Diputados, lo que impidió alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.
A pesar de ese resultado, Córdova insistió en que el debate sobre la reforma electoral no ha concluido. Señaló que el riesgo de cambios legislativos que alteren la estructura operativa del sistema electoral permanece vigente y sostuvo que el debate público deberá mantenerse atento a eventuales iniciativas que se presenten en el Congreso.
“El Plan B no es menor”, enfatizó el ex consejero electoral, al advertir que incluso sin modificar la Constitución es posible introducir cambios que afecten la organización de los procesos electorales y las condiciones bajo las cuales se ejerce el voto en México. Según su valoración, cualquier reforma en esta materia debería surgir de acuerdos amplios entre las fuerzas políticas para evitar tensiones institucionales y garantizar la confianza ciudadana en los procesos democráticos.
