A un año de la muerte de los fotorreporteros Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles durante el festival Axe Ceremonia 2025, familiares, amigos y representantes legales anunciaron que impulsarán una iniciativa de Ley del Trabajo Periodístico con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad y protección para quienes ejercen esta labor en México, en medio de una exigencia persistente de justicia y rendición de cuentas.
La propuesta surge en un contexto de movilización social encabezada por los allegados de las víctimas, quienes realizaron un “anticoncierto” a las afueras del Parque Bicentenario, lugar donde ocurrió la tragedia derivada de la caída de una estructura metálica durante el evento musical. La protesta, acompañada de expresiones artísticas y consignas, se convirtió en un espacio de denuncia pública y memoria colectiva bajo el lema “Por lxs que ya no están, lxs que sí y lxs que vendrán”.
En ese marco, el abogado Alan Piñon, integrante de la representación legal de la familia de Miguel Ángel Rojas, adelantó que la iniciativa legislativa será presentada por familiares, defensores y personas cercanas al gremio periodístico, como parte de una estrategia más amplia que no sólo busca justicia en el caso concreto, sino establecer garantías estructurales para el ejercicio del periodismo.
El litigante subrayó que la muerte de ambos fotorreporteros no puede entenderse como un hecho aislado ni como un accidente, sino como el resultado de una cadena de decisiones y omisiones que deben ser investigadas y sancionadas penalmente. En ese sentido, insistió en que la exigencia central es que la carpeta de investigación sea judicializada y se dé paso a un juicio que permita deslindar responsabilidades.
Durante el acto conmemorativo, Graciela Hernández, madre de Miguel Ángel Rojas, reclamó que su hijo fue privado de la vida mientras realizaba su labor profesional, cuestionando el valor que se le otorga a la vida de los periodistas en el país. En el mismo tono, el padre del joven sostuvo que, a lo largo del último año, han enfrentado intentos por clasificar lo ocurrido como un accidente, pese a que —afirmó— existen elementos que apuntan a negligencias que no debieron ocurrir.
La movilización también tuvo un componente político y simbólico dirigido a la industria del entretenimiento y a las empresas organizadoras de eventos masivos. Piñon enfatizó que el caso busca enviar un mensaje claro de que no debe haber actores intocables cuando se trata de responsabilidades que derivan en la pérdida de vidas humanas.
De acuerdo con la información proporcionada por la defensa legal, hasta el momento han sido identificadas tres empresas señaladas por su posible responsabilidad en los hechos: Operadora Eclectic, Agencia de los Socios y ON Producciones Creativas. Asimismo, se ha señalado a ocho personas físicas, entre ellas apoderados legales, accionistas, administradores y un operador de maquinaria, además de una persona encargada de cumplir con el programa especial de Protección Civil.
Según lo expuesto, uno de los elementos clave en la investigación es que las estructuras metálicas involucradas en el incidente no habrían estado contempladas en el plan de Protección Civil del evento, lo que refuerza la hipótesis de omisiones en la planeación y supervisión.
El anuncio de la iniciativa de Ley del Trabajo Periodístico se inscribe así en una coyuntura donde la exigencia de justicia por el caso de Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles trasciende el ámbito judicial para plantear un debate de fondo sobre las condiciones en que se ejerce el periodismo en México, particularmente en coberturas de riesgo y eventos masivos, así como sobre la responsabilidad de autoridades y empresas privadas en la garantía de entornos seguros.
