La activista y defensora de derechos humanos Samara Martínez denunció que fue impedida de abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por parte de la aerolínea Viva Aerobus, pese a portar un dispositivo médico indispensable para tratar la insuficiencia renal en etapa terminal que padece, en un caso que reabre el debate sobre protocolos de atención a pasajeros con condiciones de salud complejas en México.
De acuerdo con el testimonio difundido por la propia activista, el incidente ocurrió la mañana del 4 de mayo, cuando se presentó para abordar un vuelo adquirido con anticipación. Personal de la aerolínea le negó el acceso bajo el argumento de que no existían procedimientos para transportar el equipo médico que utiliza para mantenerse con vida, aun cuando —según relató— ofreció distintas alternativas para llevar el dispositivo consigo durante el trayecto.
La afectada aseguró que la negativa derivó en que quedara varada en la terminal aérea sin una solución inmediata, sin reembolso del boleto y sin opciones de reprogramación, lo que implicó no solo afectaciones económicas sino también riesgos a su salud. En su denuncia pública, afirmó haber sido objeto de un trato discriminatorio por su condición médica, al señalar que la decisión de la aerolínea careció de empatía y de criterios claros para atender su caso.
El episodio adquiere relevancia en el contexto de su perfil público. Martínez es impulsora de la llamada Ley Trasciende, una iniciativa orientada a reconocer el derecho a la muerte digna en México, y ha enfrentado durante años enfermedades crónicas, incluida insuficiencia renal terminal, lo que la obliga a depender de tratamientos constantes como la diálisis.
Tras lo ocurrido, la activista solicitó formalmente la intervención del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Procuraduría Federal del Consumidor, con el objetivo de que se investigue tanto la negativa del servicio como posibles actos discriminatorios por parte del personal. El caso también pone sobre la mesa la necesidad de revisar la regulación vigente en materia de transporte aéreo para pasajeros con dispositivos médicos, un segmento que enfrenta barreras operativas y económicas ante la falta de lineamientos homologados.
Más allá del incidente individual, especialistas han advertido que este tipo de situaciones evidencia una falla estructural en la industria aérea, donde la ausencia de protocolos específicos para pacientes con enfermedades graves genera incertidumbre tanto para las empresas como para los usuarios. La experiencia relatada por Martínez, quien además señaló haber enfrentado problemas similares con otras aerolíneas en el pasado, sugiere que el problema no es aislado, sino sistémico.
El caso ocurre en un entorno donde el crecimiento del tráfico aéreo de bajo costo en México ha ampliado el acceso al transporte, pero también ha expuesto limitaciones en la atención a pasajeros con necesidades especiales. La presión sobre autoridades regulatorias y organismos de defensa del consumidor podría intensificarse en los próximos días, en la medida en que el caso continúe generando atención pública y obligue a revisar las condiciones de inclusión en el sector.
