El exalcalde morenista de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, lanzó una crítica frontal contra la gestión del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y cuestionó la intención de continuidad planteada por la mandataria interina Yeraldine Bonilla Valverde, al asegurar que el estado enfrenta un deterioro severo en seguridad, tejido social y actividad económica.
En entrevista con Azucena Uresti, el exedil sostuvo que hablar de “legado” en Sinaloa implica referirse a cifras de violencia y crisis humanitaria que, afirmó, incluyen miles de homicidios dolosos, desapariciones, asesinatos de mujeres y menores de edad, así como desplazamientos forzados y pérdida de empleos. Según su versión, estos indicadores reflejan un entorno de inseguridad persistente que ha impactado directamente en la actividad productiva, el turismo y la confianza empresarial en la entidad.
Benítez Torres también denunció haber sido objeto de amenazas por parte de Rocha Moya durante su paso por la administración estatal. Afirmó que el entonces mandatario lo presionó para firmar su renuncia bajo advertencias que, dijo, implicaban riesgos personales. Estas declaraciones no han sido corroboradas por autoridades judiciales y hasta el momento el exgobernador no ha emitido una respuesta pública específica a estos señalamientos.
Me dijo: “Químico, tienes que firmar la renuncia por este proyecto que hiciste y que no licitaste”. Digo, “pero es que yo me niego a renunciar porque yo no he hecho nada indebido, gobernador”. Me dijo, “pues mira, si no firmas tu renuncia, te va a pasar algo malo. Acuérdate que yo soy de Badiraguato y la puedes pasar muy mal”. No me dijo: te voy a matar, pero me lo dio a entender.
El exalcalde vinculó además su salida del gobierno estatal con un proceso que calificó como persecución política, derivado de acusaciones relacionadas con la adjudicación de un proyecto de alumbrado público en Mazatlán. Según explicó, dicho contrato no fue licitado por tratarse, en su argumento, de un proveedor con tecnología patentada, y aseguró que los recursos adelantados estaban respaldados por garantías financieras. Las autoridades estatales han sostenido previamente que las investigaciones se apegan a la legalidad, sin que exista una resolución judicial definitiva sobre el caso.
En el plano político, Benítez acusó al senador Enrique Inzunza Cázarez de operar en conjunto con Rocha Moya para desplazarlo de la contienda interna por la gubernatura, mediante señalamientos que, dijo, derivaron en su inhabilitación política. Asimismo, afirmó que existe una concentración de poder en distintas áreas del gobierno estatal con vínculos familiares y políticos, lo que, a su juicio, ha debilitado la institucionalidad.
Uno de los señalamientos más delicados del exalcalde apunta a la presunta implicación de actores políticos en el asesinato del exrector y político sinaloense Héctor Melesio Cuén Ojeda. Benítez sostuvo que existen elementos en investigaciones federales que deberían reabrirse, aunque no presentó pruebas públicas adicionales en la entrevista. Este caso ha sido objeto de indagatorias por parte de la Fiscalía General de la República, sin que hasta ahora se haya informado de conclusiones judiciales que respalden dichas acusaciones.
Mira, es una carpeta que tiene la Fiscalía General de la República y debería de reabrirse, porque ahí hay pruebas irrefutables de cómo Insunza y Rocha estuvieron involucrados en el asesinato del diputado Héctor Melecio Cuen. La fiscal en ese momento se encuentra libre, Sara Bruna Quiñones es su nombre, y transita felizmente por Culiacán, y el vicefiscal Damaso Castro sigue en funciones. ¿Te imaginas el peligro para todos nosotros? Por supuesto que estoy vulnerable. Estoy diciendo cosas muy fuertes, sé lo que representa, pero estoy confiando en que el Gobierno de México haga lo que tenga que hacer, que el partido también venga a limpiar a toda la gente que tiene de Rocha, que nunca ha funcionado como partido en Sinaloa, y necesitamos un cambio, un cambio verdadero en el partido en Sinaloa y en el país
Las declaraciones de Benítez se producen en un contexto de alta tensión política en la entidad, donde la discusión sobre gobernabilidad, seguridad y continuidad administrativa se ha intensificado tras la salida de Rocha Moya del cargo. Hasta el momento, ni el exgobernador ni las autoridades señaladas han respondido puntualmente a las acusaciones vertidas por el exalcalde, mientras que las investigaciones oficiales sobre los distintos casos mencionados siguen sin resoluciones públicas concluyentes.
