Autoridades migratorias de Canadá detuvieron a Diana Toro Díaz, identificada por el gobierno de Estados Unidos como operadora financiera del Cártel de Sinaloa, tras intentar ingresar con un pasaporte falso en el aeropuerto internacional Aeropuerto Internacional Montreal-Trudeau, en un caso que expone la persistencia de redes logísticas y financieras vinculadas al narcotráfico a escala transnacional.
De acuerdo con información difundida por el medio canadiense TVA Nouvelles, la mujer, de 44 años y con doble nacionalidad colombiana y mexicana, permanece bajo custodia en un centro de detención migratoria mientras se define su situación legal ante la Junta de Migración y Refugiados. Entre los escenarios en análisis se encuentra una eventual extradición hacia territorio estadounidense, donde enfrenta señalamientos por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero y financiamiento ilícito.
Toro Díaz fue incluida desde 2010 en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, bajo la denominada Ley Kingpin, un instrumento legal que permite congelar activos y prohibir transacciones a individuos y entidades vinculadas con organizaciones criminales. Según dichos registros, su papel dentro de la estructura delictiva consistía en la administración de recursos y el encubrimiento financiero de operaciones aéreas utilizadas para el tráfico de drogas.
Las investigaciones la vinculan directamente con su esposo, Alejandro Flores Cacho, piloto señalado como pieza clave en una red multinacional de transporte de estupefacientes. Este entramado habría operado durante años bajo la protección de liderazgos históricos del Cártel de Sinaloa, entre ellos Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García, antes de sus respectivas capturas.
De acuerdo con la documentación oficial estadounidense, Flores Cacho gestionaba empresas aeronáuticas que facilitaban el traslado de cargamentos ilícitos, mientras que Toro Díaz y otros integrantes de la red operaban un sistema de compañías fachada destinadas a ocultar el origen de los recursos. Entre estas estructuras se identifican negocios en sectores aparentemente legales como restauración, ganadería, agricultura, manufactura, gestión deportiva y comercialización de artículos de oficina.
Las sanciones también alcanzaron a diversas empresas vinculadas a esta red, incluyendo firmas dedicadas al mantenimiento aeronáutico, capacitación de pilotos y transporte de carga aérea, algunas con presencia en la Ciudad de México y en Cuernavaca. En particular, se ha señalado el uso de una escuela de aviación como plataforma para entrenar pilotos presuntamente involucrados en actividades ilícitas.
El alcance geográfico de las operaciones abarca múltiples regiones, entre ellas Baja California, el Estado de México, así como conexiones en Colombia, lo que refuerza el carácter internacional de la red y su capacidad para adaptarse a distintos entornos regulatorios.
El caso ocurre en un contexto de creciente presión internacional sobre las estructuras financieras del narcotráfico, consideradas un eslabón estratégico para debilitar la operación de los cárteles. La detención de Toro Díaz no solo abre la puerta a un proceso judicial que podría escalar a nivel bilateral entre Canadá y Estados Unidos, sino que también vuelve a colocar en el centro del debate la eficacia de los mecanismos de control migratorio y financiero frente a organizaciones que han perfeccionado el uso de identidades falsas y empresas legales para sostener sus operaciones.
