La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fijó una postura de cautela institucional y defensa de la soberanía nacional frente a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios vinculados a Morena, al subrayar que cualquier señalamiento debe sustentarse con pruebas conforme al marco jurídico mexicano antes de proceder a acciones legales o de cooperación internacional.
Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que “tiene que haber pruebas, tiene que haber documentos con base en nuestra legislación que demuestren la culpabilidad”, y advirtió que, en ausencia de evidencia, es válido cuestionar la motivación de los señalamientos. En el mismo mensaje, reforzó su postura al declarar: “No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero venga a decidir el futuro de México”, en una referencia directa a las implicaciones políticas y legales de las acusaciones formuladas desde Washington.
La reacción del Ejecutivo federal se produce luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicas acusaciones formales en tribunales federales contra Rocha Moya y otros funcionarios, a quienes se les atribuye presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de beneficios políticos y sobornos. De acuerdo con autoridades estadounidenses, los cargos incluyen conspiración para importar narcóticos, así como presuntos vínculos operativos con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas.
Ante este escenario, Sheinbaum enfatizó que México no encubrirá delitos, pero tampoco aceptará imputaciones sin sustento probatorio ni permitirá acciones que vulneren la soberanía nacional. La presidenta dejó claro que cualquier proceso deberá transitar por las instituciones mexicanas, particularmente la Fiscalía General de la República, que será la encargada de analizar la información remitida por las autoridades estadounidenses y determinar si existen elementos legales para proceder.
El caso introduce un punto de tensión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, especialmente en materia de seguridad y cooperación judicial, al involucrar a un gobernador en funciones. Especialistas consideran que este tipo de acusaciones elevan el nivel de presión política y podrían redefinir los mecanismos de colaboración en el combate al crimen organizado.
Por su parte, Rocha Moya ha rechazado de manera categórica los señalamientos, calificándolos como infundados y con motivaciones políticas. En el ámbito interno, actores de oposición han exigido investigaciones inmediatas ante la gravedad de las imputaciones, mientras que el gobierno federal sostiene su postura de privilegiar el debido proceso y la presunción de inocencia.
El episodio coloca a la administración de Sheinbaum en una posición compleja, al equilibrar su compromiso de combate a la corrupción y al narcotráfico con la defensa de la soberanía jurídica del país. La exigencia de pruebas y el rechazo explícito a cualquier injerencia extranjera delinean una estrategia política que busca contener el impacto de las acusaciones en uno de los momentos más delicados de la agenda bilateral reciente.
