La diputada local del PRI en Sinaloa, Paola Gárate, denunció públicamente haber sido víctima de una amenaza luego de que una corona fúnebre fuera colocada en la puerta de su domicilio particular, situación que calificó como un acto de intimidación dirigido no solo a su actividad política, sino también a su esfera personal y familiar.
A través de sus redes sociales, la legisladora señaló que, tras darse a conocer el hecho, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldi Bonilla Valverde, declaró ante medios de comunicación locales y nacionales que la diputada ya contaba con medidas de seguridad. Sin embargo, Gárate aseguró que minutos después recibió una llamada de elementos de la Guardia Nacional para explicarle el esquema de protección que se le ofrecía, el cual, según su versión, era distinto al que se había descrito públicamente.
De acuerdo con la legisladora, el acompañamiento de seguridad planteado por las autoridades estaría limitado a traslados oficiales o a situaciones específicas consideradas de riesgo. Ante ello, cuestionó la efectividad de una medida que, dijo, no contempla protección permanente pese a que la amenaza fue dirigida directamente a su hogar.
“¿La amenaza existe solamente cuando voy camino al Congreso? ¿Cuando llego a mi casa deja de existir? ¿Cuando estoy con mi familia ya no hay riesgo?”, expresó la diputada en un mensaje difundido en sus plataformas digitales.
La representante priista sostuvo que quienes dejaron la corona fúnebre no acudieron a una oficina pública ni a una sede legislativa, sino a su domicilio particular, un hecho que, afirmó, demuestra que la intimidación trasciende el ámbito institucional y alcanza su vida privada. En ese contexto, enfatizó que el ejercicio de una función pública no puede separarse de la condición personal de quien la desempeña.
“La realidad es que uno no puede quitarse por unas horas el cargo de legisladora como si fuera un uniforme y volver a ponérselo después. Soy diputada las 24 horas del día, pero también soy ciudadana, mujer, hija, hermana y parte de una familia”, manifestó.
En su posicionamiento, Gárate consideró que lo ocurrido debe ser atendido con seriedad por parte de las autoridades y rechazó que el tema sea minimizado mediante declaraciones públicas que, según expuso, no reflejan con precisión las condiciones reales de seguridad que se le han ofrecido.
Asimismo, aseguró que la amenaza ocurre en un contexto en el que ha mantenido una postura crítica sobre diversos temas relacionados con la situación que enfrenta Sinaloa. La legisladora afirmó que ha decidido expresar públicamente sus opiniones y exigir respuestas sobre asuntos de interés para la entidad, por lo que consideró que cualquier acto de intimidación contra representantes populares debe ser investigado y esclarecido.
“Lo que ocurrió no es un asunto menor. Es una amenaza contra alguien que ha dedicado su vida al servicio de este país y del estado, que ha decidido hablar, señalar y exigir respuestas sobre lo que está pasando en Sinaloa”, expresó.
Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre personas identificadas o detenidas por la colocación de la corona fúnebre, ni se han dado a conocer avances de una investigación relacionada con el caso. Tampoco se han detallado posibles líneas de indagatoria sobre el origen de la amenaza.
La diputada concluyó su mensaje solicitando que se informe con transparencia sobre las medidas de protección existentes y que se garantice la seguridad de quienes ejercen cargos públicos y hacen uso de su derecho a la libre expresión.
“Lo único que pido es que se diga la verdad y que este tema se atienda con la importancia que tiene. Porque la seguridad no debe ser un discurso; debe ser una garantía para quienes ejercemos nuestro derecho a expresarnos libremente”, señaló.
El caso ha generado reacciones en el ámbito político sinaloense debido a la naturaleza de la amenaza y al debate que abrió sobre los mecanismos de protección para funcionarios y representantes populares que enfrentan situaciones de riesgo derivadas de su actividad pública.
