La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, reavivó el debate político nacional en materia de seguridad al insistir en la necesidad de “definir quién es quién” en medio de la crisis generada por la presunta participación de agentes de inteligencia de Estados Unidos en territorio mexicano y las acusaciones de ese país contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
En declaraciones recientes, la mandataria estatal defendió la actuación de su gobierno frente al desmantelamiento de un laboratorio clandestino en Chihuahua, operación que derivó en una controversia binacional tras revelarse la posible intervención de agentes de la CIA sin autorización del Gobierno federal. El caso detonó investigaciones de la Fiscalía General de la República y tensiones diplomáticas con Washington, en un contexto marcado por cuestionamientos a la soberanía nacional.
Campos contrastó las críticas dirigidas a su administración con el trato político que, afirmó, han recibido otros actores señalados por autoridades estadounidenses. “Se habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegue a las familias, a nuestras niñas y niños, y al otro se le defiende a capa y espada”, expresó, en referencia indirecta a las acusaciones contra Rocha Moya.
Las declaraciones de la gobernadora ocurren en un momento particularmente delicado en la relación México-Estados Unidos, luego de que el Departamento de Justicia estadounidense señalara a Rocha Moya y a otros funcionarios de presuntos vínculos con el narcotráfico, incluyendo supuestos acuerdos con facciones del Cártel de Sinaloa para facilitar operaciones criminales. Estas imputaciones han sido rechazadas por el propio exmandatario, quien sostiene que se trata de motivaciones políticas. Y por otro lado, la Fiscalía General de la República (FGR) intensificó la investigación sobre el operativo en Chihuahua en el que participaron agentes estadounidenses y derivó en la muerte de cuatro personas, al citar a declarar a cerca de 50 elementos y funcionarios vinculados con las acciones desplegadas en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, con el objetivo de deslindar responsabilidades y esclarecer la legalidad de la intervención extranjera
El caso ha escalado más allá del ámbito judicial para convertirse en un eje de confrontación política. Mientras el Gobierno mexicano ha exigido pruebas a Estados Unidos y ha cuestionado la forma en que se hicieron públicas las acusaciones, el episodio del operativo en Chihuahua ha abierto una discusión paralela sobre la actuación de agencias extranjeras en territorio nacional sin coordinación institucional.
El trasfondo de sus declaraciones también responde a cuestionamientos previos desde el ámbito federal y legislativo, donde actores políticos habían pedido explicaciones a su administración por el operativo en Chihuahua. La gobernadora ha respondido señalando que quienes promovían esos señalamientos ahora enfrentan acusaciones de mayor gravedad, lo que, en sus palabras, obliga a replantear el juicio público sobre los distintos casos.
Así, las declaraciones de Maru Campos no solo reflejan una defensa política local, sino que se insertan en una disputa mayor sobre la legitimidad de las estrategias de seguridad, la influencia de Estados Unidos en el combate al narcotráfico y la consistencia del discurso público frente a acusaciones de distinto origen.
