La confrontación entre el secretario de organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, y el periodista Carlos Loret de Mola se intensificó luego de que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador exigiera pruebas sobre los señalamientos de presuntos vínculos con el narcotráfico difundidos en una columna publicada en EL UNIVERSAL.
A través de un posicionamiento difundido en redes sociales, López Beltrán respondió al texto titulado “Andy y Rocha Moya”, en el que el comunicador sostiene, citando fuentes no identificadas, que él y su hermano habrían recibido dinero de actores vinculados al gobierno de Sinaloa. El dirigente partidista rechazó de manera categórica dichas afirmaciones y emplazó al periodista a presentar evidencia verificable que respalde sus dichos.
En su mensaje, López Beltrán advirtió que, de no existir pruebas, asumirá que las acusaciones forman parte de una estrategia de desinformación. En ese mismo tono, calificó a Loret de Mola como un “periodista mercenario”, al que acusó de actuar al servicio de intereses políticos y económicos. Además, sostuvo que tanto él como su familia han hecho públicas pruebas sobre su patrimonio, propiedades y actividades empresariales, en contraste con lo que describió como prácticas de fabricación de montajes mediáticos.
La columna que detonó la controversia señala que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas durante el gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, habría entregado recursos a los hermanos López Beltrán. Según el texto, las versiones provienen de fuentes con acceso a investigaciones en curso, las cuales también describen encuentros entre los hijos del exmandatario federal y el gobernador sinaloense.
El artículo añade que Díaz Vega fungía como enlace entre autoridades estatales y el Cártel de Sinaloa, una afirmación que, hasta el momento, no ha sido acompañada de documentos públicos o resoluciones judiciales que la respalden. Tampoco se ha registrado una respuesta pública de Loret de Mola tras el posicionamiento de López Beltrán.
El trasfondo de estas acusaciones se inscribe en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre autoridades sinaloenses. El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció imputaciones contra el propio Rocha Moya, así como contra el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, el senador Enrique Inzulza y otros funcionarios, por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y portación de armas de fuego.
