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Niega huachicoleo y acusa injerencia; dos días después, EU revoca la visa de Andy López Beltrán

Andrés Manuel López Beltrán pasó en apenas dos días de rechazar públicamente cualquier vínculo con actividades delictivas, incluido el llamado huachicol fiscal, a confirmar que Estados Unidos revocó su visa. El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó la decisión a motivos políticos y exigió explicaciones al gobierno de Donald Trump, mientras desde México la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que una medida de este tipo pueda utilizarse con fines de presión política.
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La secuencia coloca nuevamente a López Beltrán en el centro de una controversia que rebasa su futuro político y alcanza la relación entre México y Estados Unidos. El miércoles 12 de agosto, cuando todavía recorría Tabasco en busca de respaldo rumbo a las elecciones de 2027, el dirigente morenista negó tener relación alguna con el huachicol y calificó como calumnias los señalamientos que lo vinculan con negocios ilícitos. Este jueves 13 de agosto dio a conocer que el gobierno estadounidense había revocado su visa.

La coincidencia temporal ha colocado ambas declaraciones frente a frente, aunque no existe información pública que permita afirmar que la cancelación de la visa esté relacionada específicamente con las acusaciones de huachicol fiscal. De hecho, los registros de visas de Estados Unidos son confidenciales y el Departamento de Estado no suele hacer públicos los expedientes individuales ni las razones particulares de una decisión consular.

López Beltrán fue contundente al rechazar cualquier vínculo con actividades ilícitas. En una entrevista difundida esta semana, sostuvo que las acusaciones forman parte de una ofensiva política contra él y contra la imagen de su padre. También negó ser propietario de empresas dedicadas a la importación o comercialización de combustibles y cuestionó que se le atribuyan ganancias millonarias derivadas del huachicol.

El político llegó incluso a poner en duda que existan pruebas que sustenten las acusaciones. En su versión, los señalamientos no buscan únicamente afectarlo a él, sino golpear la imagen construida durante años alrededor de López Obrador y de la llamada Cuarta Transformación.

Su argumento político también fue directo. López Beltrán acusó a sectores de la oposición de buscar que Estados Unidos intervenga en la política mexicana y presentó sus recorridos por Tabasco como parte de una labor de información a la ciudadanía. Según su planteamiento, el debate no se reduce a su persona, sino que forma parte de una disputa por el futuro del movimiento político fundado por su padre.

“Yo creo que ellos quisieran que el gobierno estadounidense interviniera en la política mexicana”, sostuvo durante la entrevista, al defender la idea de mantener a México como un país libre y soberano.

Dos días después, la discusión adquirió una dimensión internacional.

López Beltrán informó que Estados Unidos había revocado su visa y dirigió una carta al presidente Donald Trump para cuestionar la decisión. El morenista responsabilizó políticamente al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau, y sostuvo que la medida carecía de fundamentos relacionados con alguna conducta ilícita de su parte.

La noticia fue confirmada públicamente por el propio López Beltrán, pero hasta ahora no se ha dado a conocer una explicación oficial estadounidense que establezca que la revocación haya sido consecuencia de acusaciones por huachicol, narcotráfico u otro delito. Por ello, cualquier vínculo directo entre ambos acontecimientos debe tratarse como una hipótesis y no como un hecho comprobado.

El punto es relevante porque la legislación estadounidense contempla distintas circunstancias que pueden conducir a que una persona sea considerada inelegible para una visa, entre ellas determinadas actividades criminales o relacionadas con drogas. Sin embargo, la existencia de esas facultades legales no permite conocer, por sí sola, cuál fue la razón aplicada en un caso particular. Los expedientes de visa están protegidos por la legislación estadounidense bajo la sección 222(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

En México, el caso provocó una respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su conferencia matutina, la mandataria cuestionó que las cancelaciones de visas puedan utilizarse con un sentido político y sostuvo que, si existen señalamientos sobre la comisión de delitos, deben presentarse pruebas ante las autoridades correspondientes.

La postura de Sheinbaum mantiene el caso dentro de un debate más amplio sobre la política de Estados Unidos hacia funcionarios y políticos mexicanos. En las últimas semanas, Washington ha revocado visas a distintas figuras públicas mexicanas en el contexto de su ofensiva contra las organizaciones criminales y sus posibles redes de protección. El Departamento de Estado, sin embargo, ha mantenido reservada la identidad de algunas de las personas afectadas y la información específica de sus expedientes.

Para López Beltrán, la cancelación de la visa llega además en un momento particularmente sensible de su trayectoria política. Después de dejar la Secretaría de Organización de Morena, se prepara para buscar una diputación federal por Tabasco en las elecciones de 2027. Reuters reportó que el hijo del expresidente anunció la revocación y la calificó como una decisión políticamente motivada.

La disputa, por tanto, no ocurre en un vacío político. López Beltrán ha defendido públicamente su presencia en Tabasco y sus aspiraciones electorales, mientras sus adversarios han utilizado los señalamientos en su contra para cuestionar la influencia de la familia López Obrador dentro de Morena.

El episodio deja abierta una pregunta que, por ahora, no tiene respuesta pública: ¿por qué Estados Unidos decidió revocar la visa de Andrés Manuel López Beltrán y cuál fue exactamente el fundamento utilizado para hacerlo?

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