La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, rechazó que el Gobierno de México haya elaborado o presentado una “lista negra” de periodistas y medios de comunicación incómodos para la administración de Claudia Sheinbaum, luego de la polémica generada por una presentación realizada el miércoles 12 de agosto en Palacio Nacional.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Alcalde sostuvo que lo mostrado durante el programa “Derecho de Réplica” no tuvo como propósito identificar adversarios del gobierno ni señalar a periodistas por sus posturas editoriales, sino explicar la manera en que, desde su perspectiva, opera un ecosistema digital que amplifica y posiciona determinadas tendencias en redes sociales.
“He visto algunas reacciones al programa de ayer de ‘Derecho de Réplica’. Hay quienes hablan incluso de que presenté una supuesta lista de periodistas enemigas del gobierno. No es el caso”, afirmó la funcionaria. Enseguida, explicó que lo presentado fue “un análisis de cómo funciona un ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias” y remató: “No hay listas negras”.
La aclaración llegó después de que la exposición provocara cuestionamientos de periodistas, políticos y organizaciones que interpretaron la identificación pública de comunicadores, medios y cuentas como un señalamiento desde el poder hacia voces críticas de la administración federal.
Durante la emisión del 12 de agosto, Alcalde presentó un esquema que, de acuerdo con su explicación, describe una estructura de varias capas mediante la cual determinados contenidos son publicados, retomados, politizados y posteriormente amplificados en redes sociales. El ejercicio, según la funcionaria, se basó en un monitoreo realizado entre el 1 de enero y el 8 de agosto de 2026.
El planteamiento fue presentado por la Consejería Jurídica como un intento por explicar la dinámica mediante la cual una publicación puede pasar de un medio o comunicador a actores políticos y posteriormente a redes de cuentas que contribuyen a convertirla en tendencia.
Sin embargo, la forma en que fueron exhibidos públicamente nombres de periodistas y medios provocó una controversia distinta a la discusión sobre el comportamiento de las redes sociales. La preocupación expresada por críticos del gobierno se centró en el hecho de que una funcionaria de alto nivel utilizara un espacio institucional para identificar a comunicadores y empresas periodísticas que mantienen posiciones críticas frente a la administración federal.
Alcalde intentó marcar distancia entre aparecer dentro del análisis y ser acusado de participar deliberadamente en una operación digital. En su explicación posterior, señaló que el hecho de que un contenido aparezca dentro del esquema no significa que el periodista o medio correspondiente forme parte de una operación coordinada, ni que financie cuentas falsas, trolls o bots.
La precisión resulta central en la defensa de la funcionaria, pues una de las principales críticas surgidas tras la presentación fue precisamente que la identificación de determinados medios y periodistas podía interpretarse como una acusación directa de participar en una estrategia organizada contra el gobierno.
La polémica también alcanzó a la presidenta Claudia Sheinbaum. En su conferencia matutina, la mandataria rechazó que su gobierno hubiera presentado una lista de medios y periodistas críticos de la llamada Cuarta Transformación.
El episodio abrió así una discusión que va más allá de los nombres mostrados en Palacio Nacional: hasta dónde puede llegar un gobierno en el monitoreo de las conversaciones digitales, cómo debe distinguirse entre el análisis legítimo de tendencias y el señalamiento público de periodistas, y qué consecuencias puede tener para la libertad de expresión que comunicadores sean identificados desde un espacio oficial como parte de un supuesto entramado de amplificación.
La propia Alcalde sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo funcionan las redes de cuentas automatizadas y cómo determinados mensajes pueden adquirir una dimensión mayor mediante su reproducción coordinada. Su argumento es que el objeto del análisis no fueron las opiniones individuales de los periodistas, sino la dinámica posterior que puede producirse alrededor de sus publicaciones.
No obstante, la explicación no eliminó las críticas. Para sus detractores, el problema no se limita a determinar si técnicamente existe una red de amplificación digital, sino al uso de un espacio gubernamental para mostrar nombres de periodistas, medios, políticos y cuentas, en un contexto en el que el gobierno mantiene una relación particularmente intensa y confrontativa con algunos sectores de la prensa.
La discusión adquiere especial relevancia en un país donde el ejercicio periodístico enfrenta riesgos y donde la relación entre autoridades y medios de comunicación continúa siendo uno de los temas sensibles de la vida pública. La libertad de expresión no solamente implica la posibilidad de publicar información favorable al poder, sino también el derecho de periodistas y medios a cuestionar, investigar y criticar a las autoridades sin que ello implique ser considerados adversarios.
Por ello, la defensa de Alcalde busca modificar el significado de lo ocurrido: de una presunta “lista negra” a un estudio sobre la circulación y amplificación de contenidos digitales. La funcionaria insiste en que no se clasificó a periodistas por ser enemigos del gobierno y que tampoco se afirmó que los medios financiaran las redes de bots señaladas.
La controversia, sin embargo, permanece abierta. La presentación ya produjo una reacción pública y colocó nuevamente en el centro del debate la frontera entre la vigilancia de fenómenos digitales, el derecho de réplica de las autoridades y el riesgo de estigmatizar desde el poder a quienes ejercen el periodismo crítico.
En medio de esa discusión, Luisa María Alcalde mantiene su versión: no hubo una lista negra, sino un análisis sobre el funcionamiento de un ecosistema digital de amplificación de tendencias. La diferencia semántica puede parecer sencilla, pero sus implicaciones políticas son profundas, porque detrás de los nombres exhibidos existe una pregunta que seguirá acompañando al gobierno: ¿cómo puede una administración responder a las campañas digitales que considera coordinadas sin convertir el monitoreo de redes en un mecanismo de señalamiento hacia periodistas y medios?
