El vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, solicitó este miércoles licencia a su cargo en medio de las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos que lo vinculan con delitos de narcotráfico y posesión de armas, en un caso que ha escalado a un plano institucional con implicaciones políticas y jurídicas para México.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó mediante un comunicado que la solicitud del funcionario se sustenta en diversos preceptos constitucionales y legales, entre ellos los artículos 1° y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 123 apartado B fracción XIII del mismo ordenamiento, así como los artículos 141, 142 y 148 de la Constitución local y disposiciones de la Ley Orgánica de la propia fiscalía. La dependencia precisó que Castro Zaavedra expresó su disposición para atender cualquier requerimiento institucional que se le formule por las vías legales correspondientes y bajo estricto apego al marco jurídico vigente.
La decisión ocurre en un contexto de presión internacional luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitara al gobierno mexicano la detención urgente de diez funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, al acusarlos de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. Esta petición, sin embargo, fue matizada por el Gobierno de México, que señaló que no se trata de un procedimiento ordinario de extradición y que, hasta ahora, no cuenta con elementos probatorios suficientes que respalden la urgencia planteada por Washington.
El caso ha generado reacciones en cadena dentro de la clase política sinaloense. Algunos de los señalados, como el propio gobernador Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, optaron por solicitar licencias temporales a sus cargos mientras avanzan las indagatorias a cargo de la Fiscalía General de la República. En contraste, otros funcionarios mencionados en los señalamientos, como el senador Enrique Inzunza, han decidido mantenerse en funciones en tanto no exista una resolución judicial o administrativa en su contra.
Todos los implicados han rechazado de manera categórica las acusaciones, insistiendo en su inocencia y en la falta de sustento de los señalamientos provenientes de autoridades estadounidenses. No obstante, la dimensión del caso ha colocado bajo escrutinio la coordinación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico, así como los mecanismos de cooperación judicial entre ambos países.
El desarrollo de las investigaciones y la eventual presentación de pruebas serán determinantes para definir el curso legal de este caso, que ya ha provocado una crisis política de alcance nacional y ha abierto un nuevo capítulo en la compleja agenda de seguridad entre México y su principal socio comercial.
