El inicio del proyecto industrial de Mexinol en Topolobampo, Sinaloa, derivó en un conflicto abierto entre autoridades estatales, inversionistas y comunidades indígenas, luego de que manifestantes irrumpieran el acto oficial de colocación de la primera piedra y obligaran a suspender la ceremonia en medio de gritos de rechazo y acusaciones de imposición. Durante el evento, pobladores inconformes encararon al gobernador Rubén Rocha Moya con consignas como “aquí no” y “Morena vino a darnos el tiro de gracia”, en una escena que evidenció la profundidad del desacuerdo social en torno al proyecto.
La protesta se desarrolló en el puerto de Topolobampo, en las inmediaciones de la Bahía de Ohuira, donde comunidades indígenas y colectivos ambientalistas han advertido desde hace meses sobre posibles afectaciones ecológicas y la falta de estudios independientes que sustenten la viabilidad del complejo químico. Los inconformes sostienen que no se ha realizado una consulta previa, libre e informada, como lo establecen los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos indígenas, y acusan que el proyecto fue impulsado sin garantizar transparencia ni participación comunitaria.
El momento de mayor tensión se produjo cuando un grupo de manifestantes ingresó al área del evento y derribó simbólicamente la primera piedra colocada por autoridades y representantes del proyecto, lo que obligó a cancelar el acto protocolario. En medio de empujones y consignas, los asistentes oficiales abandonaron el lugar mientras los inconformes reiteraban su disposición a llevar la oposición “hasta las últimas consecuencias”.
Ante la escalada del conflicto, Rocha Moya reconoció públicamente que el proyecto podría detenerse si no se logra consenso social y anunció que su administración promoverá la realización de una consulta indígena conforme a la ley. Asimismo, informó sobre la apertura de una mesa de diálogo con el colectivo “Aquí No”, uno de los principales grupos opositores, con la intención de trasladar el caso al ámbito federal y buscar una salida institucional.
En paralelo, la presencia del embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, añadió un componente internacional al episodio. Durante su visita a la región, el diplomático subrayó que la inversión extranjera depende de condiciones claras de certidumbre jurídica, seguridad y combate efectivo a la corrupción. Aunque su participación estaba prevista como parte del respaldo al proyecto, la interrupción del evento impidió que se desarrollara conforme al programa original.
El proyecto de Mexinol ha sido presentado como una inversión estratégica para el desarrollo industrial del norte de Sinaloa, con potencial para generar empleos y detonar cadenas productivas. Sin embargo, la oposición local ha ido en aumento ante la percepción de riesgos ambientales en un ecosistema considerado de alta relevancia, así como por la falta de información pública detallada sobre los impactos a largo plazo.
El conflicto en Topolobampo se suma a otros casos recientes en el país donde megaproyectos han enfrentado resistencia social por cuestionamientos sobre su planeación y la inclusión de comunidades en la toma de decisiones. La resolución de este caso dependerá ahora de la capacidad de las autoridades para conducir un proceso de diálogo que atienda las demandas de consulta y evaluación ambiental, en un contexto donde la gobernabilidad local se pone a prueba frente a intereses económicos y derechos colectivos.
