El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva ofensiva financiera contra el Cártel de Sinaloa al sancionar a más de una docena de personas y empresas presuntamente vinculadas con operaciones de tráfico de fentanilo, lavado de dinero y movilización internacional de recursos para la facción criminal conocida como Los Chapitos. La medida fue dada a conocer por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense, conocida como OFAC, como parte de una investigación coordinada con la DEA y con la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno mexicano.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las sanciones afectan a dos redes distintas asociadas al grupo criminal encabezado por los hijos de Joaquin Guzman Loera, actualmente considerados por Washington como parte central de la estructura de tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense. Las autoridades norteamericanas sostienen que estas organizaciones participaron en esquemas de lavado de dinero mediante criptomonedas, transferencias internacionales, traslado de efectivo y uso de empresas fachada.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que la administración del presidente Donald Trump mantendrá las acciones contra los “narco-terroristas” responsables de introducir drogas sintéticas al mercado estadounidense. La dependencia aseguró que el objetivo es desmantelar las redes financieras que sostienen las operaciones del grupo criminal mexicano.
La OFAC identificó a Armando de Jesús Ojeda Avilés como operador principal de una red dedicada al lavado de ganancias derivadas de la venta de fentanilo y otros narcóticos. Según el informe oficial, Ojeda Avilés opera desde Sinaloa y habría asumido un papel central dentro del esquema financiero de Los Chapitos tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, señalado previamente por Estados Unidos por utilizar monedas digitales y transferencias electrónicas para mover recursos del narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses sostienen que Ojeda Avilés coordinaba la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos, provenientes de la venta de drogas, para posteriormente convertir esos recursos en criptomonedas y enviarlos a México. Además, lo señalan por participar directamente en el envío de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.
Dentro de esa misma red fue identificado Jesús Alonso Aispuro Félix, señalado como corredor financiero encargado de gestionar transferencias mediante activos digitales. También aparece Rodrigo Alarcón Palomares, acusado de facilitar la recolección de dinero en Estados Unidos y quien enfrenta cargos federales en Colorado por presunto lavado de dinero a través de criptomonedas. El Departamento del Tesoro indicó además que Alarcón Palomares fue detenido en México en octubre de 2023 en posesión de armas y municiones.
La investigación también incluyó a Alfredo Orozco Romero, empresario identificado como presunto colaborador de la estructura criminal y operador de cobro de deudas relacionadas con cargamentos de cocaína. Washington lo vincula con la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra y con el restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua, negocios que presuntamente habrían sido utilizados para apoyar operaciones financieras del grupo criminal mediante familiares señalados como prestanombres.
El Departamento del Tesoro informó que las sanciones fueron emitidas bajo la Orden Ejecutiva 14059, relacionada con el combate al tráfico internacional de drogas ilícitas, y bajo la Orden Ejecutiva 13224, utilizada para perseguir organizaciones terroristas y sus redes de apoyo financiero.
En el mismo operativo financiero, la OFAC sancionó otra estructura encabezada por Jesús González Peñuelas, identificado por Estados Unidos como fugitivo y operador histórico del tráfico de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo hacia distintas regiones de la Unión Americana. Según el expediente oficial, González Peñuelas mantiene células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.
El gobierno estadounidense recordó que González Peñuelas ya había sido sancionado en 2021 bajo la Ley Kingpin y que tanto la DEA como el Departamento de Estado ofrecen recompensas millonarias por información que permita su captura. Las autoridades estadounidenses lo consideran un operador clave del Cártel de Sinaloa con capacidad para coordinar redes de producción, transporte y lavado de dinero.
La OFAC también sancionó a Castulo Bojórquez Chaparro, Fredi Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Sáenz Aguilar y Noé de Jesús Castro Rocha, todos identificados como presuntos colaboradores de González Peñuelas en actividades de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
En su comunicado, el Departamento del Tesoro recordó que el Cártel de Sinaloa fue clasificado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera en febrero de 2025, decisión que endureció el marco jurídico para perseguir a sus integrantes y redes de apoyo. Washington sostiene que la facción de Los Chapitos consolidó el control del tráfico de fentanilo después de la captura y extradición de Joaquin Guzman Loera y atribuye a Ivan Guzman Salazar y Jesus Alfredo Guzman Salazar el liderazgo actual del grupo criminal.
El gobierno estadounidense afirmó que la capacidad de Los Chapitos para obtener precursores químicos y operar laboratorios clandestinos en Sinaloa ha permitido fortalecer el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. El reporte oficial señala además que desde septiembre de 2024 las disputas internas y enfrentamientos entre facciones criminales en Sinaloa han dejado más de 600 personas muertas.
Las sanciones anunciadas implican el congelamiento de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de Estados Unidos. La OFAC advirtió además que instituciones financieras extranjeras podrían enfrentar sanciones secundarias si facilitan operaciones relacionadas con personas o empresas incluidas en la lista negra del gobierno estadounidense.
La ofensiva financiera ocurre en medio de la creciente presión de Washington para combatir el tráfico de fentanilo y el lavado internacional de dinero asociado a organizaciones criminales mexicanas. En los últimos años, el gobierno estadounidense ha incrementado el uso de sanciones económicas, investigaciones financieras y cooperación binacional como herramientas para perseguir las estructuras económicas que sostienen a los principales cárteles de la droga.
