La realidad macroeconómica de México ha recibido una dosis de crudo pragmatismo financiero. La rebaja en la calificación crediticia por parte de Moody’s Ratings, que sitúa al país en un nivel de Baa3, no es un evento fortuito; es el resultado directo de decisiones de política pública que priorizaron la soberanía energética y un modelo de gasto distributivo por encima de la consolidación fiscal y el cumplimiento de las propias reglas presupuestarias.
El núcleo del problema es el balance del sector público, severamente comprometido por dos frentes altamente demandantes e inflexibles. En primer lugar, Petróleos Mexicanos (PEMEX) se mantiene como un lastre financiero crónico para el soberano.
La inyección de aproximadamente $35,000 millones de dólares (el 1.9% del PIB) realizada en 2025, sumada a los $14,000 millones presupuestados para este 2026, restaron efectividad a los esfuerzos de ajuste primario del gobierno. En la práctica, el apoyo directo a la petrolera redujo a la mitad el ajuste fiscal proyectado para 2025.
En segundo lugar, la rigidez del gasto público no da tregua. La expansión de subsidios y pensiones constitucionalmente mandatadas ha creado un piso de gasto imposible de recortar en el corto plazo.
El resultado de esta ecuación es alarmante: a pesar de que la recaudación fiscal aumentó al 19.1% del PIB en 2025 gracias a la eficiencia en auditorías y aduanas, el déficit fiscal cerró cerca del 5% del PIB. Al no reducirse los gastos al mismo ritmo, la deuda bruta del gobierno se disparó del 39.8% en 2023 al 49.3% del PIB en 2025, con una trayectoria proyectada por la calificadora que roza el 55% para 2028.
Esta fragilidad fiscal se encuentra en un entorno de desaceleración. Las expectativas de crecimiento económico real fueron recortadas por Moody’s a menos del 1% para 2026 y a 1.3% para 2027. La inversión privada arrastra un freno estructural debido a problemas crónicos de inseguridad, cuellos de botella en infraestructura de energía y agua, e incertidumbre jurídica.
El informe es tajante al señalar que los cambios en el marco institucional del país, destacando de forma directa la reforma al Poder Judicial, han minado la previsibilidad económica.
A pesar del panorama adverso, México evita la caída al terreno de la deuda especulativa (bonos basura) gracias a sus ventajas estructurales. La profunda integración comercial con Estados Unidos bajo el T-MEC funciona como un escudo para las exportaciones.
Asimismo, la rigurosa autonomía y el marco de metas de inflación del Banco de México (Banxico) actúan como el verdadero pilar de la estabilidad macroeconómica, impidiendo que el desbalance fiscal contamine los mercados financieros o desate volatilidad cambiaria.
La perspectiva “estable” otorgada por Moody’s no debe leerse como un cumplido, sino como una advertencia de que México ha tocado un suelo firme pero peligroso. El margen de maniobra de las autoridades financieras se ha reducido al mínimo.
Mantener el grado de inversión requerirá un retorno verificable a la disciplina presupuestaria, el replanteamiento del modelo operativo de Pemex y la restauración de la confianza de los inversionistas privados.
