El citatorio se relaciona con el operativo realizado el 19 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara. En esa acción se desmanteló un importante narcolaboratorio donde, según reportes de la propia FGR, se aseguraron más de 55 mil litros de sustancias líquidas, alrededor de 50 toneladas de precursores químicos y cerca de dos mil litros de metanfetamina.
Durante el operativo fallecieron dos agentes extrangeros en un accidente carretero. Imágenes difundidas mostraron a elementos vestidos de civil que, según versiones, correspondían a personal de la CIA, lo que generó cuestionamientos sobre posible intervención extranjera en territorio nacional y posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional.
La FGR investiga posibles delitos como invasión de atribuciones federales y delitos contra la seguridad de la nación. La gobernadora ha sido llamada en calidad de testigo, no como imputada formal en esta etapa.
Aunque los gobernadores gozan de fuero constitucional (artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), este mecanismo otorga inmunidad procesal, es decir, protección contra procesos penales y posibles detenciones mientras dure el mandato, salvo que la Cámara de Diputados apruebe un desafuero.
Sin embargo, el fuero no impide que una autoridad sea citada para rendir declaración o comparecer como testigo en una carpeta de investigación. Maru Campos reconoció explícitamente esta distinción al afirmar: “Tengo fuero constitucional y a pesar de ello voy a tener que estar compareciendo”. Reacción de la gobernadora Campos, señaló que siempre ha dado la cara y ha colaborado con las autoridades federales. Cuestionó públicamente el trato desigual, al preguntar por qué no se ha citado de la misma forma al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en medio de acusaciones graves provenientes de Estados Unidos contra su administración.
La mandataria ha insistido en que su gobierno combate frontalmente al crimen organizado y que instruyó la creación de una unidad especializada para investigar los hechos con transparencia, colaborando plenamente con la FGR.
Este caso ocurre en un contexto de alta tensión entre el gobierno federal y la oposición. Morena ha acusado al gobierno de Chihuahua de permitir la presencia de agentes extranjeros sin autorización, mientras que la oposición habla de posible persecución política selectiva.
Hasta el momento, la FGR ha citado a decenas de funcionarios y agentes estatales relacionados con el operativo. Este requerimiento hacia la gobernadora representa un capítulo relevante en esta investigación federal.
