La alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, rompió el silencio este lunes con una serie de entrevistas en medios nacionales para rechazar las acusaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que la señala de simular su propio secuestro para encubrir un presunto desfalco de 40 millones de pesos.
Durante su participación en el programa Por la Mañana de Radio Fórmula, conducido por Ciro Gómez Leyva, la edil morenista sostuvo que fue víctima de un secuestro exprés real el pasado 31 de mayo y negó haber participado en cualquier montaje. Afirmó que su esposo no está prófugo, que ambos han entregado pruebas a las autoridades y que confía en que la investigación demostrará su inocencia.
Nápoles Pacheco también exigió que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso. Señaló que no confía en el actuar de la Fiscalía mexiquense y acusó que existe una persecución política en su contra. “Se debe revisar el actuar de la autoridad”, declaró.
Como parte de su estrategia de defensa, el pasado 21 de junio la alcaldesa presentó ante el Cabildo de Tenancingo una solicitud formal para que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) realice una auditoría integral de los ejercicios fiscales 2025 y del primer semestre de 2026. La petición fue aprobada por unanimidad.
Con esta medida, Nápoles Pacheco busca demostrar transparencia en el manejo de los recursos públicos del municipio y desmentir las acusaciones de desfalco que la Fiscalía estatal le atribuye.
Hasta el momento, la alcaldesa continúa en funciones y no ha sido detenida. La audiencia de formulación de imputación en su contra sigue programada para el 9 de julio, fecha en la que un juez determinará si enfrenta el proceso en libertad o bajo alguna medida cautelar.
El caso, que desde el 18 de junio mantiene en la agenda pública al municipio de Tenancingo, ahora entra en una nueva etapa marcada por la contraofensiva mediática y legal de la presidenta municipal, quien insiste en su inocencia y en la necesidad de que instancias federales revisen las actuaciones de la Fiscalía del Estado de México.
