El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó públicamente haber recibido un citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer en una investigación derivada de una acusación formal presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. En un mensaje en redes sociales, se declaró un hombre probo y aseguró atenderá el requerimiento “con la frente en alto”. El caso, que involucra presuntos vínculos con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, ha generado un intenso debate sobre impunidad, cooperación internacional y el estado de derecho en México.
Rubén Rocha Moya rompió su silencio ayer 23 de mayo por la noche a través de su cuenta en X. En el mensaje, dirigido a los sinaloenses, a su movimiento político y a la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó: “Soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy”. Añadió que atenderá el citatorio de la FGR con la certeza de que “la verdad habrá de prevalecer”.
Este pronunciamiento llega semanas después de que, a finales de abril de 2026, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York presentara una acusación formal contra Rocha Moya y otras nueve personas originarias de Sinaloa. Según documentos judiciales estadounidenses, se les señala por presunta conspiración de narcotráfico, asociación delictuosa con Los Chapitos —facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán— y por recibir apoyo del cártel a cambio de protección a sus operaciones, particularmente el trasiego de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.
La imputación describe un esquema en el que funcionarios habrían facilitado el control territorial del grupo criminal, colocando aliados en puestos clave y protegiendo sus actividades a cambio de sobornos y respaldo electoral. Tras la acusación, Interpol emitió ficha roja contra Rocha Moya y otros implicados a solicitud de las autoridades estadounidenses, lo que abrió la puerta a posibles solicitudes de extradición.
En México, la reacción institucional fue más cautelosa. La FGR abrió una indagatoria con base en la información proporcionada por Estados Unidos y citó a comparecer a los diez sinaloenses señalados, entre ellos Rocha Moya, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y el senador Enrique Inzunza Cázares. Las autoridades mexicanas han enfatizado que se trata de entrevistas en calidad de testigos o posibles indagados, y que cualquier acción dependerá de las pruebas que cumplan con los estándares del sistema jurídico nacional.
Ante la presión, Rocha Moya solicitó y obtuvo licencia temporal como gobernador a principios de mayo de 2026. El Congreso de Sinaloa aprobó la separación del cargo por más de 30 días de manera unánime, designando a la secretaria de Gobierno como interina. En su mensaje de entonces, el mandatario también rechazó “categórica y absolutamente” las imputaciones, argumentando que carecían de fundamento y que su trayectoria de trabajo lo respaldaba.
El caso ha polarizado la opinión pública. Mientras simpatizantes de Morena ven en las acusaciones una posible injerencia o guerra política, críticos y opositores exigen una investigación profunda y cooperación plena con Estados Unidos, cuestionando la capacidad de las instituciones mexicanas para procesar casos de esta magnitud. En redes sociales, el citatorio ha sido recibido con escepticismo por parte de muchos usuarios, quienes dudan de la independencia de la FGR y exigen que Rocha Moya enfrente la justicia estadounidense si es necesario.
Este episodio no es aislado. Sinaloa ha sido durante años epicentro de la violencia generada por el Cártel de Sinaloa y sus facciones internas. Las acusaciones contra Rocha Moya reviven debates sobre la penetración del crimen organizado en estructuras de gobierno estatales y municipales, así como sobre los límites de la soberanía nacional frente a la presión de Washington en materia de seguridad y fentanilo.
Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la fecha exacta de la comparecencia ni sobre posibles avances en la investigación de la FGR. Lo que sí es claro es que el caso representa un desafío significativo para el gobierno federal: equilibrar la defensa de la soberanía con la necesidad de combatir la corrupción y el narcotráfico de alto nivel. La forma en que se resuelva podría marcar un precedente en las relaciones México-Estados Unidos y en la percepción de impunidad dentro del país.
La trayectoria política de Rocha Moya, quien asumió la gubernatura en noviembre de 2021, queda ahora bajo escrutinio. Su defensa se centra en su “biografía” y en la presunción de inocencia, pero las acusaciones estadounidenses, respaldadas por inteligencia y evidencia recolectada durante años, plantean cuestionamientos profundos que van más allá de un solo funcionario. La sociedad mexicana observa con atención si este citatorio representa un paso real hacia la rendición de cuentas o un procedimiento formal que, en la práctica, podría diluirse en los pasillos de la burocracia.
