Organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión denunciaron una serie de detenciones, órdenes de aprehensión y procesos judiciales en San Luis Potosí que, aseguran, podrían representar un uso abusivo de reformas penales relacionadas con inteligencia artificial y manipulación de identidad digital para perseguir a voces críticas, periodistas y administradores de páginas informativas.
En un posicionamiento firmado por ARTICLE 19 México y Centroamérica, Comité de Protección a Periodistas, Comunicación e Información de la Mujer, A.C., Propuesta Cívica, Red Nacional de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras, las agrupaciones expresaron “profunda preocupación” por el contexto de libertad de prensa en San Luis Potosí, luego de que en las últimas 48 horas se reportaran detenciones de comunicadores y la posible emisión de órdenes de captura contra al menos ocho personas más.
Entre los casos señalados se encuentra el de Christian Herrera, creador de contenido de la página de Facebook “Código Rojo”, en Ciudad Valles. De acuerdo con la información difundida por medios locales y retomada por las organizaciones, Herrera fue detenido el 21 de mayo presuntamente por elementos de la Fiscalía General del Estado y trasladado a la capital potosina. Familiares denunciaron que la captura ocurrió con violencia física y que el comunicador permanecía incomunicado.
Las agrupaciones indicaron que, según el Registro Nacional de Detenciones, Herrera fue ubicado en el Centro Estatal de Reinserción Social No. 1, conocido como “La Pila”. No obstante, señalaron que hasta ahora no existe claridad pública sobre las causas jurídicas exactas de la privación de la libertad, lo que podría configurar una detención arbitraria si no se garantizan defensa adecuada, acceso a familiares e información precisa sobre los cargos imputados.
Otro de los casos expuestos es el de Eréndira Reyes Aguillón, directora de la página “San Wicho Times”, quien fue detenida el 21 de mayo por elementos de la Policía de Investigaciones cuando se encontraba afuera de su domicilio acompañada de sus nietos. Según testimonios recabados por las organizaciones firmantes, los agentes permitieron que realizara una llamada telefónica para solicitar apoyo para los menores, pero fue trasladada antes de que algún familiar pudiera llegar.
Horas después también fue detenida Alejandra Hermosillo, hija de Eréndira y funcionaria del área de comunicación social del municipio de San Luis Potosí. Las organizaciones denunciaron que durante las primeras 24 horas existió información contradictoria sobre el paradero de ambas mujeres y posteriormente un juez de control determinó imponerles prisión preventiva oficiosa.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó públicamente que ambas son investigadas por el delito contra la identidad de las personas. En su comunicado sostuvo que las imputadas presuntamente utilizaron estructuras visuales, narrativas y gráficas para construir contenidos simulados con apariencia de autenticidad mediante el uso no autorizado de representación visual e identidad pública de la persona denunciante, lo que habría provocado afectaciones a su imagen, honor y reputación.
Las organizaciones advirtieron que las versiones oficiales sobre los delitos imputados han sido inconsistentes, pues familiares señalaron inicialmente que también se mencionó el uso no autorizado de imagen o voz generada mediante inteligencia artificial. Esta situación, agregaron, incrementa la preocupación sobre la transparencia y legalidad de los procedimientos.
El pronunciamiento también hace referencia a una presunta orden de investigación relacionada con once personas, entre ellas la periodista Anahí Torres González, directora y titular de diversos medios de comunicación en el estado. Según información proporcionada por fuentes locales a las organizaciones, las indagatorias estarían vinculadas con la difusión de un video en redes sociales donde supuestos integrantes del crimen organizado señalaban al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a la Guardia Civil Estatal de colaborar con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Las agrupaciones sostuvieron que, de confirmarse que las investigaciones derivan de ese material audiovisual, existiría preocupación sobre la aplicación retroactiva de disposiciones penales aprobadas en noviembre de 2025, debido a que el video habría sido publicado semanas antes de la entrada en vigor de las reformas al Código Penal estatal. Recordaron que el artículo 14 de la Constitución mexicana prohíbe expresamente la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de cualquier persona.
Anahí Torres González declaró públicamente que tuvo conocimiento de las actuaciones ministeriales relacionadas con el delito de “uso no autorizado de imagen o voz generada mediante inteligencia artificial”, aunque afirmó desconocer las razones de su inclusión en la investigación y aseguró no haber generado ni difundido el video señalado.
Las organizaciones firmantes recordaron que en noviembre pasado ARTICLE 19 México y Centroamérica advirtió sobre los riesgos de los artículos 272 Bis y 272 Ter del Código Penal potosino, al considerar que contienen formulaciones amplias e imprecisas que podrían facilitar la criminalización de periodistas, activistas, administradores de páginas informativas y usuarios de redes sociales.
Además, señalaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió la Acción de Inconstitucionalidad 132/2025 contra dicha normativa, mientras que Propuesta Cívica ya había documentado previamente cómo algunas reformas legales en México terminan exponiendo a periodistas a mayores riesgos de criminalización.
En el posicionamiento conjunto, las organizaciones sostuvieron que cualquier medida estatal relacionada con desinformación, manipulación digital o contenidos generados mediante inteligencia artificial debe superar criterios estrictos de legalidad, necesidad y proporcionalidad, particularmente cuando involucra expresiones de interés público.
También cuestionaron el uso del derecho penal y de medidas cautelares severas como la prisión preventiva en asuntos relacionados con contenidos digitales y libertad de expresión. Subrayaron que la utilización de órdenes de aprehensión, en lugar de citatorios o comparecencias voluntarias, representa el mecanismo más intrusivo dentro del sistema penal y normalmente se reserva para casos en los que existe evasión de la justicia.
Las agrupaciones exigieron a las autoridades de San Luis Potosí garantizar investigaciones con pleno respeto a los derechos humanos, abstenerse de utilizar el aparato penal como mecanismo de silenciamiento contra voces críticas y transparentar la situación jurídica de las personas detenidas, así como el sustento legal de las imputaciones.
