El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, regresará este viernes 29 de mayo a sus funciones legislativas en el Senado de la República, luego de haber solicitado una licencia temporal que apenas duró unas horas y que se produjo en medio de la controversia por los señalamientos judiciales en su contra en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La reincorporación del legislador sinaloense fue notificada oficialmente durante la sesión del Senado por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, quien informó que Inzunza retomará su escaño de manera inmediata tras haber pedido separarse temporalmente de sus actividades parlamentarias.
Horas antes, el propio senador había difundido en redes sociales que decidió solicitar licencia debido a lo que calificó como una “embestida mediática que se ha desplegado por personeros y medios de la derecha”. En su mensaje, aseguró además que continuaría atento a los trabajos legislativos y respaldando las posiciones políticas de Morena, aun cuando se encontrara separado momentáneamente de sus funciones.
La breve licencia de Inzunza se produjo casi un mes después de que autoridades de Estados Unidos presentaron cargos contra él y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos nexos con organizaciones criminales. En la lista de señalados aparece también el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien figura como uno de los principales nombres mencionados en la acusación estadounidense.
De acuerdo con documentos judiciales dados a conocer por autoridades de ese país, Enrique Inzunza Cázarez enfrenta tres acusaciones relacionadas con narcotráfico y uso de armamento. La primera corresponde a presunta conspiración para importar narcóticos a territorio estadounidense. Según la acusación, habría participado en acuerdos con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico ilegal de drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.
El segundo señalamiento está relacionado con posesión y utilización de armas automáticas y dispositivos destructivos presuntamente empleados para favorecer actividades ligadas al tráfico de drogas. Las autoridades estadounidenses sostienen que dichas armas habrían sido utilizadas en el contexto de operaciones criminales vinculadas con la organización delictiva.
La tercera acusación corresponde a conspiración para poseer armamento de alto poder. En el expediente judicial se afirma que el senador habría acordado con otras personas la utilización de este tipo de armas como parte de las operaciones relacionadas con narcotráfico.
El documento también sostiene que Inzunza Cázarez habría desempeñado un papel relevante en la relación entre integrantes del gobierno de Sinaloa y la facción criminal conocida como “Los Chapitos”. Según la acusación presentada en Estados Unidos, el morenista habría sostenido reuniones con líderes de dicho grupo para definir mecanismos mediante los cuales el gobierno estatal presuntamente brindaría protección y respaldo político a la organización criminal a cambio de beneficios y acuerdos de carácter político.
La licencia fugaz y posterior reincorporación del senador alimentaron además el debate político sobre el manejo interno del caso dentro de Morena, particularmente por la rapidez con la que el legislador decidió volver a ocupar su curul en la Cámara alta pese a la presión pública y mediática generada por las acusaciones.
