La comunidad originaria nahua de Pómaro, en la costa de Michoacán, responsabilizó públicamente al presidente municipal de Aquila, José María Valencia Guillén, por el asesinato de dos de sus principales autoridades comunales ocurrido durante un ataque armado registrado el pasado 28 de mayo, en un hecho que ha profundizado la tensión en una región marcada por disputas territoriales, violencia criminal y procesos de autodeterminación indígena.
A través de un pronunciamiento difundido este viernes, la comunidad señaló al edil como presunto responsable intelectual de una serie de amenazas que, aseguran, comenzaron meses atrás cuando iniciaron el proceso legal para transitar al autogobierno y ejercer de manera directa los recursos públicos que les corresponden por ley. Según el documento, dichas intimidaciones derivaron finalmente en el ataque armado que cobró la vida de Lucas Flores Tolentino, tesorero comunal, y de Gerónimo García Flores, representante jurídico de la comunidad.
De acuerdo con la versión difundida por las autoridades comunales, el atentado estuvo dirigido contra el comisariado de bienes comunales, quien no se encontraba en el vehículo atacado al momento de la agresión. La comunidad sostuvo que los dos dirigentes asesinados formaban parte de la estructura que impulsaba el proceso de autogobierno y la defensa de los derechos colectivos de la población indígena.
“Responsabilizamos públicamente al C. José María Valencia Guillén por la muerte cobarde de nuestros compañeros”, señala de manera textual el comunicado emitido por la comunidad, que también vincula los hechos con la disputa por la administración de los recursos públicos destinados a Pómaro.
Los comuneros afirmaron que desde el inicio de los procedimientos legales para acceder al presupuesto directo comenzaron las amenazas contra autoridades civiles y comunales. En ese contexto, sostuvieron que el presidente municipal tendría interés en impedir que los recursos sean administrados directamente por la comunidad, como establece el marco jurídico que reconoce los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y al autogobierno.
El ataque armado dejó al menos cinco personas asesinadas. Además de Flores Tolentino y García Flores, entre las víctimas se encontraban dos profesores p’urhépechas que se encontraban de visita en la zona. Los hechos han provocado una fuerte reacción entre organizaciones y comunidades indígenas que observan con preocupación el incremento de la violencia contra autoridades tradicionales y defensores comunitarios en distintas regiones del país.
Ante la gravedad de los acontecimientos, la comunidad de Pómaro dirigió un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para que intervengan de manera inmediata en la región mediante el despliegue de fuerzas federales que garanticen la seguridad de la población y de sus representantes comunitarios.
Asimismo, solicitaron medidas de protección urgentes para quienes participan en la conducción de los asuntos comunales y exigieron condiciones que permitan continuar el proceso de autogobierno sin actos de violencia o represalias.
En el ámbito judicial, la comunidad demandó que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación del caso y realice una indagatoria “inmediata, imparcial y a fondo” sobre los hechos, incluyendo las acusaciones formuladas contra el presidente municipal y cualquier otra persona que pudiera estar involucrada.
El pronunciamiento también fue dirigido al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, así como a las autoridades federales y estatales, a quienes exigieron garantías para ejercer plenamente su derecho a la libre determinación y a la administración directa de los recursos públicos.
La comunidad llevó además su denuncia al plano internacional al solicitar la intervención y seguimiento de la Organización de las Naciones Unidas y de las relatorías especializadas en derechos de los pueblos indígenas. En su mensaje, pidió vigilancia internacional frente a lo que describió como una violencia sistemática contra comunidades originarias que buscan ejercer derechos reconocidos constitucionalmente.
Los hechos ocurridos en Pómaro se suman a una serie de episodios de violencia que en semanas recientes han afectado a comunidades indígenas de Michoacán y Guerrero, donde organizaciones comunitarias han denunciado agresiones vinculadas tanto a la presencia del crimen organizado como a conflictos relacionados con el control territorial, la seguridad local y los recursos públicos.
Mientras las autoridades no han informado públicamente sobre posibles responsables materiales o intelectuales del ataque, la exigencia de justicia se ha convertido en la principal demanda de los habitantes de Pómaro, quienes sostienen que el asesinato de sus representantes constituye un atentado contra el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos originarios.
“Ni un muerto más por defender los derechos de los pueblos originarios”, concluye el pronunciamiento difundido por la comunidad, que exige justicia para Lucas Flores Tolentino y Gerónimo García Flores y reclama acciones inmediatas para frenar la violencia que golpea a sus habitantes.
