La detención de Jesús Zamora Cervantes, identificado por las autoridades como presunto líder de una organización dedicada a la extorsión de comerciantes y prestadores de servicios turísticos en Acapulco, colocó en el centro de la atención pública a un personaje que simultáneamente desempeñaba funciones dentro del Ayuntamiento encabezado por la alcaldesa morenista Abelina López Rodríguez.
El operativo fue realizado como parte de la estrategia nacional contra el delito de extorsión y estuvo a cargo de fuerzas federales y estatales que desplegaron acciones coordinadas en distintos puntos del puerto guerrerense. De acuerdo con información proporcionada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la intervención fue resultado de denuncias anónimas y trabajos de inteligencia que permitieron identificar la estructura y el modo de operación de la célula criminal.
Elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, la SSPC y corporaciones de seguridad locales ejecutaron nueve órdenes de cateo en inmuebles vinculados con los investigados. Como resultado fueron detenidas once personas, entre ellas siete hombres y cuatro mujeres, señaladas por su presunta participación en actividades de delincuencia organizada relacionadas con extorsión.
Las investigaciones oficiales establecen que el grupo operaba principalmente en zonas turísticas de alta afluencia, donde presuntamente imponía cobros ilegales a restauranteros, comerciantes y prestadores de servicios para permitirles desarrollar sus actividades económicas en playas y espacios cercanos a la avenida Costera Miguel Alemán. Según las indagatorias, las víctimas eran sometidas a mecanismos de presión e intimidación para cumplir con los pagos exigidos por la organización.
Jesús Zamora Cervantes fue detenido alrededor de las ocho de la mañana del miércoles en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Costa Azul. Además de ser señalado como líder de la estructura criminal, era conocido por encabezar el Frente de Defensa de los Prestadores de Servicios Turísticos. Las autoridades identificaron como uno de sus principales centros de operación el restaurante “El Camarón Jakie”, localizado sobre la Costera Miguel Alemán, inmueble que también fue intervenido durante el despliegue de seguridad.
La captura adquiere una dimensión política debido a que la Plataforma Nacional de Transparencia registra a Zamora Cervantes como asesor general del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, cargo que desempeñaba dentro de la administración municipal encabezada por Abelina López Rodríguez desde 2021. De acuerdo con los registros públicos, percibía un salario mensual bruto de 41 mil 763 pesos, equivalente a 34 mil 283 pesos netos.
Entre los detenidos también figuran dirigentes de agrupaciones vinculadas al sector turístico local. Las autoridades identificaron a Arturo Pantoja Guatemala, presidente de la Unión de Sociedades Cooperativas de Servicios Turísticos; Marco Antonio Velázquez Girón, presidente del Frente de Defensa de la Zona Federal Marítimo Terrestre en Acapulco; y Abad Esparza Bustos, vocero de la misma organización. Junto con ellos fueron arrestados Javier Velázquez Ocampo, Benito Castro Palma, Antonia López Lorenzo, Nancy León Barrios, Liliana Delgado Alvarado, Lorelei Ontiveros Pedraza y Julio César Melo Lozano.
Las autoridades informaron que siete de los once detenidos contaban previamente con órdenes de aprehensión vigentes por el delito de delincuencia organizada. Todos quedaron a disposición de las instancias correspondientes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.
Uno de los aspectos más relevantes de la indagatoria es la posible vinculación de Zamora Cervantes y de integrantes de su grupo con el homicidio del activista y prestador de servicios turísticos Marco Antonio Suástegui Muñoz. Las líneas de investigación ministerial exploran la presunta relación entre la organización desarticulada y el ataque armado ocurrido el pasado 18 de abril en la playa Icacos.
Suástegui Muñoz era ampliamente conocido en Guerrero por su oposición a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, proyecto impulsado por la Comisión Federal de Electricidad, así como por su participación en movimientos sociales y comunitarios. Tras ser atacado a balazos al finalizar su jornada laboral, fue trasladado a un hospital donde falleció una semana después debido a la gravedad de las lesiones. Además, encabezaba las exigencias para localizar a su hermano Vicente Suástegui, desaparecido desde agosto de 2021.
Durante los cateos realizados en distintos puntos de Acapulco, las fuerzas de seguridad aseguraron armas de fuego, dosis de narcóticos, documentación considerada relevante para las investigaciones y diversos equipos tecnológicos. Todo el material quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal para fortalecer la integración de la carpeta de investigación.
Las autoridades federales y estatales hicieron un llamado a la ciudadanía para presentar denuncias formales en caso de identificar a alguno de los detenidos como responsable de otros delitos. Con ello buscan ampliar el alcance de las investigaciones y determinar la posible participación de la organización en hechos adicionales ocurridos en la región costera de Guerrero.
La operación representa uno de los golpes más significativos recientes contra estructuras presuntamente dedicadas a la extorsión en Acapulco, al involucrar a dirigentes de agrupaciones turísticas con presencia pública y a un funcionario que mantenía un vínculo formal con la administración municipal del principal destino turístico de Guerrero.
