A poco más de un mes del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una licitación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro para la remodelación de estaciones de la Línea 2 quedó bajo cuestionamiento luego de que se documentara que las tres empresas convocadas a competir por un contrato de 113 millones de pesos mantienen vínculos con un mismo grupo empresarial.

La contratación, adjudicada el pasado 29 de abril durante la gestión de Adrián Rubalcava al frente del Metro de la Ciudad de México, forma parte de las obras de mejoramiento contempladas por el Gobierno capitalino para preparar la infraestructura de movilidad de cara al evento deportivo internacional. El contrato considera trabajos de rehabilitación en las estaciones Viaducto, Bellas Artes e Hidalgo.

De acuerdo con la información publicada por Animal Político, el procedimiento utilizado fue una “invitación a cuando menos tres personas”, mecanismo previsto en la legislación de adquisiciones y obra pública que permite convocar de manera restringida a un número determinado de participantes. En este caso fueron invitadas las empresas Asfaltos, Proyectos e Ingeniería de Puebla S.A. de C.V.; Alfa Proveedores y Contratistas S.A. de C.V.; e INDHR S.A. de C.V., siendo esta última la ganadora del contrato por un monto superior a los 113 millones de pesos.

Sin embargo, la investigación periodística señala que las tres compañías mantienen relaciones empresariales vinculadas al Consorcio Aristos, grupo que en los últimos años ha participado en diversos proyectos de infraestructura en la capital del país, entre ellos la ampliación de la estación Observatorio y la futura construcción de nuevas líneas de Cablebús.

La relación entre las firmas se sustenta en documentación corporativa y registros mercantiles. Alfa Proveedores y Contratistas aparece como una subsidiaria del Consorcio Aristos, mientras que tres integrantes de su Consejo de Administración figuran simultáneamente como representantes legales de Asfaltos, Proyectos e Ingeniería de Puebla. A ello se suma que INDHR vendió acciones en 2017 a Proyectos Especializados del Prado S.A. de C.V., empresa cuyos accionistas incluyen a Francisco Fernando Torres Sotelo, identificado como director jurídico de Consorcio Aristos, y a Christian Berdón Madrigal, apoderado legal de Alfa Proveedores y Contratistas.

Durante el proceso de contratación, las tres compañías presentaron ofertas económicas con diferencias mínimas. INDHR propuso ejecutar las obras por aproximadamente 98 millones de pesos antes de IVA, mientras que Alfa Proveedores y Contratistas ofertó cerca de 100 millones y Asfaltos, Proyectos e Ingeniería de Puebla alrededor de 101 millones. Finalmente, las propuestas de las dos últimas fueron desechadas por el Metro debido a incumplimientos documentales relacionados con la entrega de planos y croquis requeridos dentro del procedimiento.

La adjudicación quedó entonces en manos de INDHR, la única empresa que además presentó solicitudes formales de aclaración para conocer detalles técnicos del proyecto antes del fallo.

No obstante, la ejecución de los trabajos también ha generado interrogantes. Según constató Animal Político, en las estaciones Bellas Artes e Hidalgo laboran trabajadores que portan uniformes de Alfa Proveedores y Contratistas. Asimismo, en los espacios intervenidos se observan lonas informativas donde esa empresa aparece identificada como responsable de las obras, pese a que el contrato fue asignado oficialmente a INDHR.

El caso ha reavivado el debate sobre los riesgos asociados a los procedimientos de invitación restringida. Desde 2018, la entonces Comisión Federal de Competencia Económica advirtió que las invitaciones a cuando menos tres participantes pueden convertirse en mecanismos para favorecer a determinadas empresas mediante acuerdos colusorios o propuestas de cortesía que simulen competencia sin que exista una verdadera rivalidad comercial.

La autoridad de competencia señaló en su momento que este tipo de esquemas pueden utilizarse para disfrazar adjudicaciones directas, especialmente cuando las compañías involucradas mantienen vínculos corporativos o comerciales que reducen la competencia efectiva dentro del procedimiento.

Ante los señalamientos, el Sistema de Transporte Colectivo Metro sostuvo que las tres empresas fueron convocadas porque contaban con la capacidad técnica y la documentación requerida para ejecutar los trabajos. Asimismo, informó que revisará la relación existente entre los participantes con el objetivo de determinar si hubo alguna irregularidad y, en su caso, aplicar las sanciones administrativas correspondientes.

“Cualquier violación o anomalía en la contratación será observada y sancionada”, indicó el organismo en respuesta a los cuestionamientos.

Por su parte, INDHR defendió la legalidad del procedimiento y aseguró que la adjudicación se sustentó en la acreditación de capacidades, experiencia y cumplimiento de requisitos establecidos en la normatividad vigente. En una comunicación enviada al medio que realizó la investigación, la empresa negó formar parte de un mismo consorcio con las otras participantes y sostuvo que no existe control societario compartido ni restricciones legales que impidieran su participación.

La compañía afirmó además que cada empresa involucrada cuenta con patrimonio, estructura operativa, domicilio fiscal, administración y obligaciones de seguridad social independientes.

La red empresarial identificada alrededor del contrato también involucra a Proyectos Especializados del Prado, firma relacionada con accionistas y directivos del Consorcio Aristos. Documentos mercantiles refieren que altos directivos del grupo empresarial, entre ellos Elías José Abed Razo, Paul Maurice Abed Khoury y Yusif José Abed Jiménez, recibieron poderes generales para actuar en representación de diversas compañías relacionadas con la licitación, incluyendo Proyectos Especializados del Prado y Asfaltos, Proyectos e Ingeniería de Puebla.

De acuerdo con la documentación consultada por la investigación periodística, estos poderes otorgan facultades amplias para actos de dominio, administración y cobranza, una figura jurídica que fortalece los indicios sobre la cercanía corporativa entre las empresas participantes.

La controversia surge en un momento clave para la Ciudad de México, que se prepara para recibir partidos del Mundial 2026 y ha acelerado diversas obras de infraestructura y movilidad. Las remodelaciones en la Línea 2 del Metro forman parte de ese paquete de proyectos estratégicos destinados a mejorar la experiencia de residentes y visitantes durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Mientras continúan los trabajos en las estaciones intervenidas, el caso coloca bajo escrutinio los mecanismos de contratación pública utilizados para ejecutar obras de gran relevancia y el nivel de competencia real existente en procedimientos que, por ley, deberían garantizar condiciones equitativas entre los participantes.