El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) negó oficialmente que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, cuenten con un permiso especial para cruzar o permanecer en territorio estadounidense mientras presuntamente enfrentan investigaciones en ese país.
La aclaración surge luego de que un reportaje periodístico señalara que ambos mandatarios estatales habrían mantenido acceso a Estados Unidos mediante un mecanismo migratorio discrecional conocido como “Parole por Beneficio Público Significativo”, pese a que supuestamente sus visas habrían sido revocadas.
Sin embargo, la respuesta oficial del DHS desmintió de manera categórica la existencia de cualquier autorización de este tipo para los gobernadores mexicanos, alimentando un debate que ha generado repercusiones políticas y mediáticas a ambos lados de la frontera.
¿Qué dijo el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos?
De acuerdo con información obtenida mediante una solicitud oficial y difundida por el diario La Opinión, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que ni Alfonso Durazo ni Américo Villarreal han sido beneficiarios de un permiso especial de ingreso o permanencia en Estados Unidos.
La dependencia federal estadounidense respondió que ninguno de los dos gobernadores cuenta con un “Parole por Beneficio Público Significativo”, una figura migratoria que permite el ingreso temporal de determinadas personas por razones de interés nacional, cooperación con autoridades o circunstancias excepcionales.
Este mecanismo suele ser utilizado de manera limitada y bajo criterios específicos establecidos por las autoridades migratorias estadounidenses.
La respuesta oficial contradice directamente una de las principales afirmaciones difundidas en versiones periodísticas recientes sobre la situación migratoria de ambos mandatarios estatales.
El origen de la controversia sobre Durazo y Villarreal
La polémica se originó tras la publicación de un reportaje del diario Los Angeles Times, en el que se afirmaba que los gobernadores fronterizos estaban siendo investigados por autoridades estadounidenses.
Según dicho reporte, Alfonso Durazo y Américo Villarreal estarían sujetos a investigaciones penales relacionadas con supuestos nexos con organizaciones delictivas y actividades vinculadas al contrabando de combustible, conocido popularmente como huachicol.
Asimismo, la publicación sostenía que las visas estadounidenses de ambos funcionarios habrían sido revocadas como consecuencia de dichas indagatorias.
Otra de las afirmaciones señalaba que los gobernadores continuaban cruzando la frontera gracias a un permiso especial otorgado por el gobierno estadounidense, versión que ahora ha sido desmentida oficialmente por el DHS.
¿Qué pasó con las visas de los gobernadores?
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional negó la existencia de permisos especiales, el estatus migratorio específico de los mandatarios continúa sin ser aclarado públicamente por las autoridades estadounidenses.
Respecto a las versiones sobre una posible cancelación de visas, el Departamento de Estado de Estados Unidos evitó confirmar o desmentir información particular sobre los gobernadores.
La dependencia únicamente indicó que la revisión de antecedentes y la evaluación de elegibilidad para visas constituyen procesos permanentes y confidenciales, sujetos a las leyes de privacidad vigentes en ese país.
Esta postura coincide con la práctica habitual de las autoridades estadounidenses, que rara vez divulgan detalles sobre expedientes migratorios individuales.
Tras la difusión de las versiones periodísticas, ambos gobernadores rechazaron públicamente los señalamientos y aseguraron que carecen de sustento.
