Un gran jurado federal del Distrito de Columbia formuló el jueves 22 de octubre una acusación penal contra el mexicano Iván Cazarín Molina, de 42 años, conocido como “El Tanque” o “Tanque”. Las autoridades estadounidenses lo señalan como comandante regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Veracruz y lo imputan por conspiración para fabricar y distribuir cocaína y metanfetamina con destino a Estados Unidos, así como por delitos relacionados con armas de fuego.
Según el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Cazarín Molina enfrentaría, de ser declarado culpable, una pena mínima de 40 años de prisión y un máximo de dos cadenas perpetuas consecutivas. Los cargos abarcan una conspiración que habría operado entre 2005 y 2025, en la que se le atribuye participación en el tráfico de al menos cinco kilogramos de cocaína y 500 gramos de metanfetamina destinados a territorio estadounidense, además de haber usado, portado, blandido y disparado un arma de fuego en relación con esas actividades.
El acusado fue detenido el 5 de octubre pasado en Zapopan, Jalisco, durante un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad mexicanas. Actualmente permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en el Estado de México, donde un juez federal ya lo vinculó a proceso por delincuencia organizada, secuestro, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud. Las investigaciones en México también lo relacionan con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos y lavado de dinero.
El Departamento de Justicia indicó que Cazarín Molina fungía como comandante regional del CJNG en Veracruz. La organización fue designada por el gobierno de Estados Unidos como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025. Funcionarios de la DEA señalaron que, durante dos décadas, el acusado habría contribuido a las operaciones de tráfico del cártel mediante el uso de intimidación y violencia para proteger la empresa criminal.
En México, la detención se dio en el marco de acciones del Gabinete de Seguridad. Previamente, en septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo había sancionado por su presunta participación en una red de robo y comercialización ilegal de hidrocarburos vinculada al CJNG.
La acusación estadounidense abre la posibilidad de una solicitud de extradición. El mismo día del anuncio, una jueza federal del Estado de México desechó un amparo promovido por la defensa de Cazarín Molina contra una eventual entrega a autoridades extranjeras, al considerar que se trataba de actos futuros e inciertos, ya que aún no existía un procedimiento formal de extradición.
Hasta el momento, las autoridades de ambos países no han detallado un calendario preciso para posibles gestiones de cooperación judicial. Cazarín Molina se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario en un juicio. El caso es investigado por la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA en Los Ángeles.
La detención y los cargos reflejan la continuidad de las acciones de las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses contra estructuras del crimen organizado transnacional. El proceso penal en México continúa con un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, mientras que en Estados Unidos la acusación formal inicia el camino hacia un eventual juicio.
