El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente vinculado a proceso por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y el denominado huachicol fiscal, reapareció públicamente mediante una nueva carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y a la opinión pública, en la que sostiene que los verdaderos responsables de la red de contrabando de combustibles se encuentran entre integrantes de Morena y denuncia que él y su hermano han sido convertidos en los principales señalados de una operación mucho más amplia.
La misiva representa un nuevo capítulo en el caso que ha colocado bajo los reflectores a integrantes de la Secretaría de Marina, empresarios y funcionarios relacionados con una de las investigaciones más relevantes sobre tráfico ilegal de combustibles en México. En el documento, Farías Laguna insiste en que las acusaciones en su contra carecen de pruebas sólidas y asegura que las autoridades han construido una narrativa que busca responsabilizarlo de manera anticipada.
El mando naval sostiene que existe una intención deliberada de presentarlo como culpable antes de que pueda acceder plenamente a los elementos que integran el expediente judicial. Según expone, la Secretaría de Marina mantiene bajo reserva información que considera fundamental para ejercer adecuadamente su defensa, argumentando razones de seguridad nacional. A juicio del vicealmirante, esta situación limita su derecho a conocer todos los elementos probatorios y a controvertir las imputaciones formuladas en su contra.
Uno de los señalamientos más contundentes de la carta apunta directamente hacia actores políticos vinculados con el partido gobernante. Farías Laguna afirma que las investigaciones han ignorado a quienes considera los verdaderos responsables del esquema de contrabando de combustibles y asegura que las autoridades han preferido concentrar la atención en él y en su hermano Fernando. En uno de los fragmentos del documento, sostiene que se le señala como culpable mientras se evita investigar a quienes, según su versión, sí obtuvieron beneficios de las operaciones bajo investigación.
Asimismo, el vicealmirante rechaza que él y su hermano sean los únicos responsables de una estructura que, asegura, involucró a múltiples personas y actores. En la carta argumenta que resulta imposible atribuir a dos individuos la totalidad de una red que habría requerido la participación de diversos operadores para funcionar. También denuncia que se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia y que el tratamiento mediático e institucional del caso ha contribuido a consolidar una percepción de culpabilidad antes de que exista una resolución judicial definitiva.
Farías Laguna también cuestiona el origen de las pruebas que dieron pie al procedimiento penal. En otro apartado de la misiva asegura que la vinculación a proceso en su contra tuvo como punto de partida un video anónimo difundido en YouTube, elemento que considera insuficiente para sustentar una acusación de tal magnitud. Según su versión, el expediente se ha construido sobre materiales cuya procedencia y autenticidad deberían ser objeto de un análisis más riguroso.
El vicealmirante concluye su mensaje exigiendo el respeto al debido proceso, el acceso íntegro a las pruebas que forman parte de la investigación y las condiciones necesarias para ejercer una defensa adecuada. También solicita que se garantice el acceso a tomos, anexos, peritajes y demás elementos que, afirma, continúan fuera de su alcance.
La nueva carta aparece en medio de un proceso judicial derivado de uno de los mayores aseguramientos de combustible presuntamente introducido de manera irregular al país. El origen de la investigación se remonta al 31 de marzo de 2025, cuando autoridades federales realizaron un operativo en Tamaulipas que permitió el decomiso de aproximadamente 10 millones de litros de diésel. Las acciones incluyeron intervenciones en el puerto de Tampico y cateos en diversos predios de Altamira.
De acuerdo con la información oficial difundida en aquel momento, el combustible había ingresado a territorio nacional a bordo de una embarcación que arribó el 19 de marzo de 2025 con una carga declarada como aditivos. Las investigaciones posteriores derivaron en el aseguramiento de contenedores, tractocamiones, armas, municiones y diversa documentación relacionada con las operaciones comerciales bajo sospecha.
Meses después, el 7 de septiembre de 2025, el Gobierno de México anunció la detención de Manuel Roberto Farías Laguna junto con otras 13 personas, entre las que figuraban empresarios, elementos navales y funcionarios aduanales. Las autoridades vincularon dichas capturas con las indagatorias abiertas tras el histórico decomiso registrado en Tamaulipas.
El caso adquirió una dimensión internacional cuando Fernando Farías Laguna, hermano del vicealmirante, fue detenido en Argentina el 23 de abril de 2026. Las autoridades de ese país informaron que había ingresado el 1 de abril utilizando documentación presuntamente falsa, situación que abrió procedimientos legales relacionados con una posible deportación o extradición.
Mientras las investigaciones continúan y las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de indagación, la nueva carta del vicealmirante añade un componente político al caso al señalar directamente a integrantes de Morena y denunciar una presunta estrategia institucional para convertirlo en el principal responsable de una red de contrabando de combustibles que, según sostiene, operó con la participación de más personas y niveles de responsabilidad aún no esclarecidos por completo.
