México enfrenta una crisis silenciosa en materia de protección infantil en entornos digitales. Al menos 1.6 millones de niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de alguna forma de abuso o explotación sexual facilitada por internet durante un año, de acuerdo con los hallazgos del informe Disrupting Harm en México, una investigación internacional desarrollada por UNICEF, ECPAT e INTERPOL para medir el impacto de la violencia sexual contra menores a través de tecnologías digitales.
Los resultados muestran una realidad particularmente preocupante debido a que los agresores no suelen ser desconocidos que operan desde el anonimato de la red. Por el contrario, en una proporción significativa de los casos las personas responsables pertenecen al entorno cercano de las víctimas, ya sea familiares, amistades, compañeros o individuos con quienes ya existía algún tipo de relación previa. Este patrón coincide con hallazgos internacionales del propio proyecto Disrupting Harm, que identificó que los perpetradores suelen ser personas conocidas por los menores afectados.
El estudio advierte que la expansión del acceso a internet y el uso cada vez más temprano de dispositivos móviles han incrementado los riesgos para la infancia y adolescencia. En México, la mayoría de los menores de entre 12 y 17 años tiene acceso regular a internet y participa activamente en redes sociales, plataformas de mensajería y servicios de contenido digital, lo que amplía las posibilidades de interacción, pero también la exposición a prácticas como el grooming, el acoso sexual, la sextorsión y la producción o difusión de material de abuso sexual infantil.
La investigación señala que muchos casos permanecen ocultos debido a que las víctimas no denuncian. Una parte importante de los menores afectados no comunica la situación a ninguna persona, principalmente porque desconoce dónde pedir ayuda, teme represalias o siente vergüenza por lo ocurrido. Los especialistas consideran que esta falta de denuncia contribuye a que la magnitud real del problema sea incluso mayor que la registrada por los estudios disponibles.
Organismos especializados han advertido desde hace varios años que la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en entornos digitales mantiene una estrecha relación con otras formas de violencia presentes fuera de internet. La evidencia indica que las agresiones suelen reproducir dinámicas de abuso y control ya existentes en los espacios familiares, escolares o comunitarios. Además, las niñas y adolescentes enfrentan mayores riesgos de sufrir este tipo de violencia.
Las autoridades mexicanas también han reconocido el crecimiento de estos delitos. La Guardia Nacional ha informado que el combate a la pornografía infantil y otras formas de explotación sexual en línea requiere una coordinación permanente entre corporaciones de seguridad, fiscalías y organismos especializados debido al carácter transnacional de estas conductas y a la rapidez con la que se difunden mediante redes digitales.
El informe plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, mejorar la educación digital para menores y adultos responsables, ampliar los canales de denuncia y reforzar la capacidad de investigación de las autoridades. Asimismo, destaca la importancia de que las empresas tecnológicas colaboren activamente en la detección y eliminación de contenidos relacionados con abuso sexual infantil.
La cifra de 1.6 millones de víctimas refleja la dimensión de un fenómeno que se desarrolla muchas veces fuera del escrutinio público y que encuentra en la conectividad digital nuevas formas de operar. Para especialistas y organizaciones de protección infantil, el desafío ya no consiste únicamente en ampliar el acceso a internet, sino en garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan desenvolverse en espacios digitales seguros, libres de violencia y explotación
