Las investigaciones del gobierno del presidente Donald Trump sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y organizaciones criminales se han intensificado en las últimas semanas y, en ese contexto, funcionarios electos, principalmente de Morena, han comenzado a establecer contactos discretos con autoridades estadounidenses para ofrecer información sobre otros integrantes de su propio partido, de acuerdo con un reportaje publicado este sábado por The New York Times.
El diario estadounidense sostiene que, tras las acusaciones formuladas por el gobierno de Estados Unidos contra diez funcionarios mexicanos —tanto en funciones como retirados— por presunta colaboración con un cártel de la droga, diversos actores políticos buscaron acercamientos con agencias y autoridades estadounidenses para cooperar con las investigaciones. Según el reportaje, estas gestiones ocurren mientras la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una postura de rechazo a las pesquisas impulsadas desde Washington y las ha calificado como un asunto de injerencia extranjera.
La publicación basa sus afirmaciones en testimonios de más de una decena de personas consultadas bajo condición de anonimato, entre ellas individuos involucrados en las conversaciones, abogados y exagentes estadounidenses. De acuerdo con esas fuentes, al menos una decena de funcionarios electos, incluidos gobernadores y legisladores, han buscado establecer comunicación con representantes del gobierno estadounidense para compartir información relacionada con otros políticos mexicanos.
El reportaje señala que varios de estos funcionarios pretenden adelantarse a investigaciones que consideran podrían alcanzarlos en el futuro. Asimismo, indica que parte de esos contactos habría sido impulsada por una estrategia de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), cuyos representantes habrían buscado acercamientos privados con políticos mexicanos para incentivar su cooperación.
The New York Times ubica como eje principal de las investigaciones el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien fue señalado previamente por autoridades estadounidenses dentro de una acusación relacionada con presuntos nexos con una facción del Cártel de Sinaloa. El gobierno mexicano ha sostenido que Estados Unidos no ha presentado pruebas suficientes para justificar acciones judiciales en su contra, mientras la presidenta Sheinbaum ha reiterado públicamente esa posición.
La investigación periodística también afirma que dos de los diez funcionarios mexicanos acusados por Estados Unidos ya se encuentran bajo custodia de ese país y señala que la cooperación de antiguos integrantes del crimen organizado ha fortalecido las pesquisas. Entre quienes estarían proporcionando información se mencionan integrantes del grupo conocido como Los Chapitos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, además de varios de los presuntos miembros de organizaciones criminales enviados por México a territorio estadounidense en meses recientes. Según el diario, esa información ha permitido a las autoridades estadounidenses profundizar en la línea de investigación sobre presuntos esquemas de corrupción política y mecanismos mediante los cuales organizaciones criminales habrían sobornado a funcionarios públicos mexicanos.
El reportaje añade que las investigaciones estadounidenses también alcanzan a los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas. Ambos han rechazado cualquier vínculo con organizaciones criminales y han negado las acusaciones difundidas en torno a esas indagatorias. De acuerdo con el diario, cinco personas familiarizadas con las investigaciones identificaron a ambos mandatarios entre los objetivos de las pesquisas estadounidenses por presunta corrupción.
En la parte final del trabajo periodístico se hace referencia al caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. El diario recuerda que la mandataria confirmó la autenticidad de un audio relacionado con una reunión sostenida con autoridades estadounidenses después de la cancelación de su visa; sin embargo, negó categóricamente que hubiera alcanzado acuerdos secretos o realizado negociaciones irregulares con funcionarios de ese país.
