El despido de las 43 personas que integraban el área de Trabajo Social del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) se concretó el 30 de junio y ha provocado preocupación entre especialistas, trabajadores y sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos debido al impacto que esta decisión podría tener en la atención de personas en condición de vulnerabilidad que requieren representación jurídica gratuita.
De acuerdo con la información difundida por personas relacionadas con el Instituto, las y los trabajadores cesados no desempeñaban funciones administrativas, sino que formaban parte del equipo técnico especializado encargado de elaborar investigaciones socioeconómicas, dictámenes de trabajo social y diagnósticos sobre las condiciones de vulnerabilidad de quienes acuden al IFDP para solicitar servicios de defensa penal o asesoría jurídica sin contar con recursos económicos para contratar representación privada.
La labor de este personal era considerada un componente relevante dentro del modelo de defensa pública, ya que permitía a las y los defensores públicos contar con información sobre el contexto familiar, social y económico de las personas usuarias, lo que contribuía a diseñar estrategias jurídicas acordes con cada caso y a identificar factores de riesgo o situaciones que requerían atención interdisciplinaria.
Entre los sectores que recibían atención con apoyo de este equipo se encontraban mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, integrantes de pueblos y comunidades indígenas, personas migrantes, personas con discapacidad y víctimas de presuntas violaciones a derechos humanos. Los estudios sociales elaborados por este personal también servían para documentar condiciones de vulnerabilidad que podían ser relevantes dentro de diversos procedimientos judiciales.
El Instituto Federal de Defensoría Pública es el organismo encargado de garantizar el acceso gratuito a servicios de defensa y asesoría jurídica en el ámbito federal para personas que carecen de recursos suficientes, por lo que su estructura contempla la participación de profesionistas de distintas disciplinas que complementan el trabajo estrictamente jurídico.
Tras conocerse los despidos, diversas voces han expresado inquietud por las posibles repercusiones que la eliminación de esta área especializada podría tener en la calidad del servicio que presta el IFDP, al considerar que la atención integral de las personas usuarias requiere no sólo de representación legal, sino también del análisis de sus condiciones sociales, familiares y económicas.
La decisión también ha sido relacionada con el contexto de la implementación de la reforma judicial, debido a que durante la discusión pública de dichos cambios se aseguró en diversas ocasiones que serían respetados los derechos laborales del personal perteneciente al Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, los ceses han generado cuestionamientos respecto al cumplimiento de esos compromisos y a las condiciones en que se están realizando los procesos de reorganización institucional.
Asimismo, personas afectadas han señalado que algunos de los trabajadores despedidos quedaron sin seguridad social de manera inmediata, situación que podría afectar la continuidad de tratamientos médicos para quienes dependían de ese servicio, aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento institucional que detalle las circunstancias particulares de cada caso.
Especialistas en acceso a la justicia han sostenido en distintas ocasiones que los equipos interdisciplinarios fortalecen la defensa pública al incorporar elementos técnicos que permiten comprender el contexto de las personas representadas y garantizar una atención con enfoque de derechos humanos, especialmente cuando se trata de grupos históricamente discriminados o en situación de vulnerabilidad.
Hasta el momento, el Instituto Federal de Defensoría Pública no ha informado públicamente sobre la eventual sustitución de las funciones que realizaban las 43 personas trabajadoras sociales ni ha precisado si los servicios que prestaban serán absorbidos por otras áreas o mediante un nuevo esquema operativo.
El caso se suma al debate sobre los efectos administrativos y laborales derivados de los cambios que atraviesa el sistema de justicia federal. Mientras continúa el proceso de transformación institucional impulsado por la reforma judicial, el despido del personal especializado ha abierto una discusión sobre el equilibrio entre la reorganización de las instituciones y la necesidad de preservar los mecanismos que garantizan una defensa pública efectiva para las personas con mayores condiciones de vulnerabilidad.
