El pasado 2 de enero, al menos 31 trabajadores de la Biblioteca Vasconcelos —entre bibliotecarias y bibliotecarios con casi 20 años de servicio continuo desde su ingreso en 2006— recibieron un correo electrónico de despido masivo, sin firma ni explicación formal, que ha desatado una protesta y una profunda polémica en el ámbito laboral y cultural de la capital mexicana.
Los ahora ex empleados, que participaron en el armado del recinto, su reapertura tras el cierre de 2007 y el funcionamiento diario de una de las bibliotecas públicas más importantes del país, denuncian haber sido despedidos de manera injustificada y sin un debido proceso laboral, a pesar de haber cumplido funciones permanentes que incluían atención a usuarios, organización de acervos, apoyo en eventos culturales y tareas de operación cotidiana.
El elemento central del conflicto es la situación contractual de estos trabajadores. Aunque en sus documentos oficiales figuraban como contratados por honorarios o como personal eventual, en la práctica cumplían horarios fijos, registraban entradas y salidas y estaban sujetos a jefaturas directas, lo que, sostienen ellos y analistas laborales, configura una relación laboral formal que no debería haberse simulado. A pesar de promesas repetidas de basificación, dichas promesas nunca se cumplieron, primero bajo la administración del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y, posteriormente, bajo la Secretaría de Cultura.
La respuesta institucional ha sido mínima y, para los trabajadores, insuficiente. Los afectados reclaman no sólo la reinstalación en sus puestos, sino también el reconocimiento de su antigüedad y derechos laborales, argumentando que muchos de ellos dependen de prestaciones como las del ISSSTE y tienen responsabilidades familiares —incluyendo madres jefas de familia y personas de edad adulta— que ahora se ven en riesgo.
El caso escaló el 7 de enero, cuando un grupo de despedidos y simpatizantes realizó un bloqueo en la Avenida Insurgentes, a la altura del Eje 1 Norte, para visibilizar su reclamo y denunciar la falta de diálogo con las autoridades. La protesta, que afectó el tránsito y el servicio del Metrobús en la zona, fue retirada tras un breve intercambio con funcionarios, pero los trabajadores advirtieron que continuarán sus movilizaciones si no reciben una solución concreta y formal.
Este episodio en la Biblioteca Vasconcelos pone en evidencia un fenómeno más amplio: la utilización de contratos precarios para tareas permanentes en instituciones públicas culturales, una práctica común que, según expertos laborales, minimiza obligaciones patronales y precariza la vida de quienes sostienen servicios esenciales para la sociedad. La biblioteca, que desde su inauguración en 2006 ha sido un referente cultural en la Ciudad de México, hoy se ve afectada no sólo por tensiones laborales sino también por las discusiones sobre presupuesto, mantenimiento y modelo de gestión que vinculan directamente la operación de este espacio con la política cultural del país.
A la fecha, no ha existido una comunicación clara y oficial por parte de la Secretaría de Cultura federal sobre las razones jurídicas y presupuestales que motivaron los despidos, ni sobre el destino laboral de los trabajadores afectados. Mientras tanto, empleados, usuarios y sectores del gremio bibliotecario observan con atención cómo se desarrolla este conflicto en un momento en que la defensa de los derechos laborales en el sector cultural se coloca como un tema urgente en la agenda pública.
