La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no da tregua. Tras el repliegue táctico de junio de 2026, luego de casi tres semanas de plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México, bloqueos y paros que afectaron a más de un millón de alumnos en varios estados, el movimiento magisterial disidente ya marca fecha para su siguiente fase de presión: septiembre, en plena discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027.
Esta estrategia no es nueva. La CNTE ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para sincronizar sus acciones con momentos clave del calendario político y presupuestal, aprovechando la negociación de recursos federales para impulsar sus demandas históricas. En esta ocasión, el foco estará puesto en asegurar mayores asignaciones para educación, basificaciones, recategorizaciones y, sobre todo, avances concretos en las reformas estructurales que exige el magisterio disidente.
Antecedentes recientes
En junio, tras intensas negociaciones con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la CNTE logró compromisos como un fondo extraordinario de alrededor de 800 millones de pesos destinado principalmente a Oaxaca para contrataciones, basificaciones y atención al rezago educativo.
También se avanzó en becas para hijos de docentes, pagos retroactivos, estímulos y procesos graduales de regularización laboral. El gobierno federal, a través de Mario Delgado y la presidenta Claudia Sheinbaum, insistió en que estos recursos no representaron un “pago” al sindicato, sino una inversión directa en escuelas y plantillas docentes.
Sin embargo, las demandas de fondo quedaron pendientes. Entre ellas destacan la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, para regresar a un sistema solidario de pensiones; la cancelación de la reforma educativa de 2019; y un incremento salarial del 100%. Las autoridades han señalado que el costo fiscal de estas peticiones, estimado en billones de pesos, hace inviable su cumplimiento inmediato sin afectar otros programas sociales.
¿Qué esperar en septiembre?
El anuncio de retomar las movilizaciones coincide con el periodo en que la Cámara de Diputados analiza y aprueba el paquete económico. Para la CNTE, es el momento ideal para presionar por mayores recursos para el sector educativo y obtener compromisos legislativos. Líderes del movimiento han advertido que, si no reciben respuestas satisfactorias, podrían reactivar paros, plantones y bloqueos a nivel nacional.
Este conflicto refleja la tensión permanente entre el derecho a la protesta y la estabilidad del servicio educativo. Mientras el gobierno enfatiza el diálogo y la inversión directa en las aulas, la CNTE mantiene su postura de que, sin cambios estructurales profundos, las condiciones laborales y de jubilación de los maestros continúan deteriorándose.
El reto para las autoridades será equilibrar las demandas sindicales con la sostenibilidad fiscal y el interés superior de millones de estudiantes que ya han perdido días de clase durante este año. Septiembre será un mes clave para medir la capacidad de negociación de ambas partes en un contexto de presupuestos ajustados y prioridades nacionales.
