Movimiento Ciudadano presentó una denuncia ante la Contraloría General de la Ciudad de México contra la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, por el posible desvío de recursos públicos y un eventual daño a la hacienda pública, luego de cuestionar el destino y la eficacia de los 3 mil 360 millones de pesos anunciados por la administración capitalina para realizar 318 obras de infraestructura hídrica destinadas a prevenir y mitigar inundaciones durante la temporada de lluvias.
El anuncio fue realizado durante un acto público del partido en la capital, donde aseguró que la denuncia ya había sido entregada y contaba con sello de recibido. El emecista sostuvo que el objetivo de la querella es que las autoridades competentes determinen si los recursos anunciados fueron efectivamente ejercidos y si las obras comprometidas se realizaron conforme a lo previsto.
La acusación se relaciona con el anuncio hecho por Brugada el 13 de mayo, cuando el Gobierno de la Ciudad de México informó que destinaría 3 mil 360 millones de pesos a 318 obras para enfrentar la temporada de lluvias. De acuerdo con la información oficial, los trabajos incluían la construcción y rehabilitación de colectores y redes de drenaje, plantas de bombeo, desazolve de cuerpos de agua, rehabilitación de infraestructura hidráulica y 106 obras de infiltración de agua pluvial.
“Hoy denunciamos otra vez a Clara Brugada por el posible desvío de más de 3 mil millones de pesos”, afirmó Chertorivski, quien cuestionó que, pese a la inversión anunciada, distintas zonas de la capital hayan registrado inundaciones y encharcamientos durante la actual temporada de lluvias.
El dirigente de MC recordó que la jefa de Gobierno afirmó en mayo que la capital estaba preparada para enfrentar las precipitaciones y que se realizarían 318 obras de infraestructura hídrica. A partir de ese anuncio, sostuvo, los episodios de lluvias intensas han provocado afectaciones en diferentes puntos de la ciudad.
Uno de los eventos más severos ocurrió el 8 de julio, cuando la Secretaría de Gestión Integral del Agua reportó que sobre la capital cayeron más de 21.2 millones de metros cúbicos de agua. Las precipitaciones generaron encharcamientos, afectaciones viales y problemas en distintos puntos de la infraestructura urbana, mientras que el Gran Canal del Desagüe alcanzó su máxima capacidad. También se reportaron afectaciones en estaciones del Metro, caída de árboles y la suspensión temporal de servicios de transporte.
Con base en ese escenario, planteó que existen dos posibilidades que, desde su perspectiva, deben ser esclarecidas por la autoridad investigadora: que los recursos hayan sido ejercidos, pero las obras no hayan cumplido con el objetivo de prevenir o mitigar las inundaciones, o que parte de los recursos no haya sido ejercida conforme a lo anunciado.
“¿Dónde están los 3 mil 360 millones de pesos que usted anunció? ¿Dónde están esas 318 obras?”, cuestionó el emecista durante la presentación, al insistir en que la Contraloría debe revisar la documentación presupuestaria, los contratos, el avance físico y financiero de los trabajos, así como los resultados obtenidos.
Movimiento Ciudadano sostuvo que no corresponde al partido determinar si existió un delito o una irregularidad administrativa, sino a las autoridades realizar la investigación correspondiente. La denuncia, de acuerdo con lo expuesto por Chertorivski, busca que se verifique el destino de los recursos públicos y si estos fueron aplicados de manera correcta.
El dirigente de MC también criticó que el Gobierno capitalino haya anunciado posteriormente nuevas inversiones para obras hidráulicas, particularmente en Iztapalapa, sin que, a su juicio, se haya aclarado previamente el destino y los resultados de los 3 mil 360 millones de pesos anunciados en mayo.
La administración de Brugada ha defendido que la inversión de 2026 representa un esfuerzo extraordinario para fortalecer la infraestructura hídrica de la capital. El Gobierno de la Ciudad de México informó que el monto duplicó los recursos destinados el año anterior a obras de agua y drenaje y que los trabajos forman parte de una estrategia para prevenir inundaciones, mejorar la capacidad de desalojo de agua e incrementar la infiltración pluvial.
La disputa se produce en medio de una temporada de lluvias que ha generado episodios de precipitaciones intensas en la capital. La información oficial y los reportes periodísticos han documentado afectaciones en vialidades, transporte público y zonas habitacionales, aunque la existencia de inundaciones por sí misma no acredita un desvío de recursos ni demuestra que las obras anunciadas hayan sido ejecutadas de manera irregular. Esa determinación corresponderá a las autoridades fiscalizadoras y, en su caso, a las instancias de procuración de justicia.
Durante el acto, el dirigente afirmó que la discusión no debe limitarse a la respuesta del gobierno una vez que ocurren las emergencias, sino centrarse en la planeación y el mantenimiento de la infraestructura que debe evitar o reducir sus efectos. En ese sentido, sostuvo que el problema de las inundaciones refleja una deficiencia acumulada en el drenaje y en la planeación urbana de la capital.
“Una ciudad que atiende la emergencia y no está preparada desde antes es una ciudad que está en las prisas, no en la preparación”, señaló.
La denuncia se suma a la confrontación política entre Movimiento Ciudadano y el Gobierno de la Ciudad de México. El partido naranja ha cuestionado en distintos momentos decisiones de la administración capitalina relacionadas con el uso de recursos públicos y la ejecución de obras, mientras que el gobierno local ha defendido sus programas de infraestructura y las inversiones realizadas para atender los problemas de agua y drenaje.
En esta ocasión, la controversia se concentra en los 3 mil 360 millones de pesos y las 318 obras anunciadas en mayo. La Contraloría deberá determinar, con base en la documentación oficial, si los recursos fueron ejercidos conforme a la normativa, si las obras fueron contratadas y ejecutadas, y si existieron irregularidades que pudieran configurar responsabilidades administrativas o un posible daño a la hacienda pública.
