La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en coordinación con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), informó la sanción de 34 servidores públicos adscritos a distintas dependencias del Gobierno de México por incurrir en faltas administrativas graves y no graves. Las medidas impuestas incluyen destituciones, suspensiones, inhabilitaciones de hasta 20 años para ejercer cargos públicos y sanciones económicas que, en conjunto, superan los 1.8 millones de pesos.
Las resoluciones forman parte de los procedimientos de responsabilidades administrativas previstos en la legislación mexicana y abarcan casos relacionados con abuso de funciones, uso indebido de recursos públicos, actos de corrupción, acoso sexual, falsificación de documentos e irregularidades en el ejercicio del servicio público.
#ComunicadoBuenGobierno
— Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) July 19, 2026
La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno logra sancionar a 34 personas servidoras públicas de 17 dependencias del @GobiernoMX, con inhabilitaciones de hasta 20 años y multas económicas por más de 1.8 mdp, por incurrir en faltas graves y no graves.… pic.twitter.com/xfUohG4hAK
¿Por qué fueron sancionados los 34 servidores públicos?
Las investigaciones determinaron distintas conductas irregulares cometidas por funcionarios y exfuncionarios de diversas instituciones federales. Las sanciones fueron impuestas conforme a la gravedad de cada caso y a las resoluciones emitidas por las autoridades competentes.
Uno de los casos con mayor impacto económico corresponde a una exfuncionaria de la Secretaría de Economía, quien fue inhabilitada por 15 años y sancionada con una multa superior a 1.5 millones de pesos tras comprobarse que autorizó licencias con goce de sueldo sin contar con las atribuciones legales para hacerlo.
Tres exfuncionarios del Banco del Bienestar recibieron inhabilitaciones de 10 años y multas de hasta 250 mil pesos luego de acreditarse que realizaron retiros no autorizados por más de 275 mil pesos de cuentas pertenecientes a usuarios de la institución financiera.
En la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), una exservidora pública adscrita a la oficina de Toluca fue inhabilitada por 10 años y sancionada con una multa de aproximadamente 79 mil pesos por el cobro y asignación irregular de viáticos destinados a actividades oficiales que no fueron realizadas.
Guardia Nacional, Pemex y Aduanas también registran sanciones
Entre los expedientes resueltos también destacan casos ocurridos en instituciones de seguridad, empresas productivas del Estado y organismos aduaneros.
En la Guardia Nacional, dos integrantes fueron destituidos tras comprobarse que presentaron licencias médicas falsas o carentes de validez para justificar inasistencias laborales.
Por su parte, Petróleos Mexicanos (Pemex) sancionó a un trabajador con una suspensión de 30 días después de provocar un accidente vial mientras conducía un vehículo oficial. En otro caso dentro de la empresa, una funcionaria fue suspendida por aplicar descuentos salariales injustificados a personal bajo su cargo.
En la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), dos agentes adscritos a Ciudad Juárez fueron inhabilitados durante un año luego de que una investigación acreditara que intentaron obtener beneficios económicos indebidos, conocidos coloquialmente como “moches”, durante un procedimiento de revisión de mercancías.
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Casos de acoso sexual derivan en las sanciones más severas
Entre las resoluciones más graves figura la impuesta a un empleado de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, quien fue inhabilitado por 20 años tras acreditarse conductas de acoso sexual contra dos alumnas.
Asimismo, un médico adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue inhabilitado durante un año por realizar tocamientos sexuales y efectuar procedimientos ginecológicos sin la presencia del personal de asistencia requerido por los protocolos médicos.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que estas resoluciones forman parte de la política de fortalecimiento de la legalidad, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción dentro de la administración pública federal.
Las autoridades precisaron que las sanciones fueron impuestas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, en los casos correspondientes, mediante resoluciones emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.