El gobierno de Estados Unidos anunció este martes sanciones económicas contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente relacionadas con una red de contrabando transfronterizo de combustibles, conocida como huachicol fiscal, que habría beneficiado financieramente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La medida fue emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, que bloqueó de manera simultánea las cuentas bancarias de los involucrados dentro del sistema financiero nacional.
Las autoridades estadounidenses sostienen que la estructura utilizaba empresas de distintos sectores para importar gasolina y diésel mediante documentación aduanera presuntamente falsificada, evitando el pago de impuestos y canalizando recursos al grupo criminal.
La acción forma parte de la estrategia de Washington para combatir las redes financieras de los grupos delictivos transnacionales y restringir el acceso al sistema financiero internacional de personas y empresas vinculadas con actividades ilícitas.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, los sancionados habrían participado en un esquema de contrabando de combustibles refinados desde Estados Unidos hacia México mediante operaciones comerciales simuladas y el uso de empresas fachada para ocultar el origen y destino de los recursos.
Como consecuencia de las sanciones, todos los bienes e intereses de los involucrados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y, en términos generales, ciudadanos y empresas de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con ellos.
Los dos mexicanos señalados por la OFAC
Las autoridades estadounidenses identifican a Oscar Guillermo Juraidini Silva como uno de los principales operadores financieros de la organización.
Según la investigación, habría diseñado una red de compañías utilizadas para importar combustibles mediante documentación aduanera alterada con el propósito de evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y ocultar el origen de las operaciones.
El segundo sancionado es J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado como responsable de coordinar la logística terrestre para introducir hidrocarburos desde Texas hacia territorio mexicano sin las autorizaciones correspondientes.
Las autoridades estadounidenses también lo acusan de facilitar el traslado del combustible mediante una red de transporte y operadores vinculados al esquema de contrabando.
Las nueve empresas sancionadas
La OFAC informó que la estructura criminal presuntamente utilizaba compañías de transporte, logística, servicios financieros, bienes raíces e importación para mover recursos y dar apariencia de legalidad a las operaciones.
Las empresas sancionadas son:
- Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.
- OJ Living Trust, SAPI de C.V.
- RK Real King, S.A. de C.V.
- Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.
- Ogui Fletes.
- OF Transportes.
- Cucumber Sweet Waves Ltd. (Reino Unido).
- Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V.
- Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V.
Estas compañías quedaron sujetas a restricciones que les impiden realizar operaciones con personas, empresas e instituciones financieras estadounidenses.
Así operaba la red de huachicol fiscal
De acuerdo con la investigación difundida por autoridades estadounidenses y retomada por diversos medios nacionales, el combustible era transportado mediante embarcaciones y camiones cisterna que cruzaban la frontera entre ambos países.
Para evitar el pago de impuestos y controles aduaneros, los responsables presuntamente declaraban la gasolina y el diésel bajo conceptos distintos, como “aceites usados”, “lubricantes de motor” o “residuos peligrosos”.
Una vez en México, el combustible era distribuido a través de una red de comercialización que permitía obtener ganancias millonarias derivadas de la evasión fiscal.
¿Qué es el huachicol fiscal?
A diferencia del robo de combustible directamente de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), el llamado huachicol fiscal consiste en introducir hidrocarburos al país mediante fraude aduanero o evasión del pago de impuestos.
Entre las prácticas detectadas por las autoridades destacan:
- Declarar mercancías con una clasificación arancelaria distinta.
- Alterar pedimentos de importación.
- Utilizar empresas fachada para ocultar a los beneficiarios reales.
- Simular operaciones comerciales internacionales.
- Omitir el pago del IEPS, IVA y otros gravámenes aplicables.
Este esquema genera pérdidas millonarias para la hacienda pública y representa una de las principales modalidades de delincuencia financiera vinculada al mercado ilegal de combustibles.
México fortalece la vigilancia financiera contra el lavado de dinero
Las sanciones anunciadas por Estados Unidos ocurren en un contexto de creciente cooperación bilateral para combatir el financiamiento del crimen organizado.
En los últimos años, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y otras autoridades han reforzado los mecanismos de supervisión sobre operaciones financieras consideradas de riesgo.
Las instituciones financieras están obligadas a reportar operaciones inusuales, relevantes o preocupantes, mientras que las autoridades fiscales cruzan información bancaria, aduanera y tributaria para detectar posibles casos de evasión fiscal, lavado de dinero y uso de empresas fachada.
El papel del dinero en efectivo en las investigaciones financieras
Las investigaciones sobre delincuencia organizada también contemplan el seguimiento de operaciones realizadas en efectivo, debido a que este medio de pago dificulta el rastreo del origen de los recursos cuando no existe documentación que respalde las transacciones.
Por ello, la legislación mexicana en materia de prevención de lavado de dinero establece obligaciones para bancos, casas de cambio, notarios y diversos sectores económicos, que deben reportar operaciones por encima de determinados umbrales o aquellas que presenten características inusuales.
No obstante, las autoridades han reiterado que el uso de dinero en efectivo es legal en México. Lo que puede generar investigaciones es la existencia de movimientos financieros sin justificación, operaciones simuladas o recursos cuyo origen no pueda acreditarse conforme a la legislación fiscal y financiera.
Cooperación entre México y Estados Unidos contra las finanzas del crimen organizado
El caso refleja el fortalecimiento de la cooperación entre ambos países para identificar estructuras económicas utilizadas por organizaciones criminales.
La coordinación entre la OFAC, FinCEN y la UIF busca impedir que los grupos delictivos utilicen empresas aparentemente legales para mover recursos, adquirir activos o mantener operaciones comerciales internacionales.
Las investigaciones sobre esta red continúan abiertas y las autoridades no descartan nuevas sanciones o acciones legales contra otros presuntos integrantes del esquema de huachicol fiscal, considerado una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en la región.
