El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que en su país “no volverán a haber elecciones” para impedir que la oposición pueda acceder al gobierno, en una declaración que plantea el fin de cualquier posibilidad de alternancia política mediante las urnas y profundiza el control del régimen sobre las instituciones nicaragüenses.
La declaración fue pronunciada el domingo 19 de julio durante un acto público celebrado en Managua para conmemorar el 47 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista. En su discurso, Ortega sostuvo que la oposición busca utilizar los procesos electorales para “atrapar el gobierno” y “atrapar el poder”, por lo que anunció que su administración trabajará en nuevas disposiciones legales para impedir que sus adversarios políticos regresen al poder.
“Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder”, declaró el mandatario.
Ortega también anunció la intención de promover leyes que, según sus propias palabras, coloquen “un muro” y “un bloque” contra quienes calificó de “golpistas” y “vendepatrias”. El mandatario aseguró que sus opositores no podrán regresar al gobierno aunque reciban apoyo financiero de Estados Unidos.
“Buscaremos leyes para que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que le den los yanquis, no podrán”, afirmó.
La declaración representa una de las expresiones más contundentes de Ortega contra la celebración de elecciones como mecanismo para definir el poder político en Nicaragua. Aunque el mandatario no explicó cómo se aplicaría jurídicamente la eliminación de los comicios ni presentó un calendario concreto para modificar el sistema electoral, su anuncio abre la puerta a una nueva transformación institucional en un país donde el oficialismo mantiene el control de los principales órganos del Estado.
Ortega gobierna Nicaragua de manera ininterrumpida desde 2007, después de haber ocupado anteriormente la Presidencia durante la década de 1980. Desde 2017 comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, quien inicialmente ocupó la Vicepresidencia y posteriormente fue designada copresidenta mediante una reforma constitucional aprobada en 2025.
Las modificaciones constitucionales impulsadas por el régimen ampliaron de cinco a seis años el periodo presidencial, establecieron la figura de la copresidencia y modificaron el diseño institucional del Estado. Como consecuencia de esos cambios, el calendario electoral que originalmente apuntaba a elecciones generales en 2026 fue desplazado, en teoría, hacia noviembre de 2027.
Sin embargo, el anuncio realizado por Ortega plantea ahora un escenario distinto, ya que el mandatario afirmó que el país no volverá a celebrar elecciones para que la oposición pueda utilizar ese mecanismo para intentar recuperar el poder. La declaración no estuvo acompañada de detalles sobre si se trata de una propuesta para eliminar formalmente los comicios, modificar sus condiciones o impedir la participación de determinadas fuerzas políticas.
El discurso se produjo en un contexto de fuerte concentración del poder político en manos de Ortega y Murillo. En los últimos años, el gobierno nicaragüense ha enfrentado críticas y sanciones internacionales por la persecución de opositores, la detención de dirigentes políticos, la criminalización de la disidencia y el cierre de espacios para la participación política independiente.
Las elecciones de 2021 fueron ampliamente cuestionadas después de que varios aspirantes opositores fueran detenidos antes de los comicios. Ortega obtuvo entonces un nuevo mandato en un proceso en el que sus principales adversarios no pudieron competir en condiciones consideradas democráticas por gobiernos y organismos internacionales.
Desde la crisis política de 2018, Nicaragua atraviesa una profunda ruptura entre el gobierno y sectores de la oposición, después de las protestas contra Ortega que fueron reprimidas por las autoridades. Organismos internacionales han documentado graves violaciones a los derechos humanos durante la respuesta estatal a esas movilizaciones.
La Organización de las Naciones Unidas ha acusado al gobierno nicaragüense de convertir al país en un Estado autoritario y de cometer violaciones sistemáticas de derechos humanos. El régimen de Ortega también ha sido objeto de críticas por la eliminación de partidos opositores, el encarcelamiento de adversarios políticos y el exilio forzado de figuras de la oposición.
En su discurso del domingo, Ortega volvió a presentar a sus adversarios como instrumentos de Estados Unidos y vinculó a la oposición con los sectores que, según su narrativa política, buscan regresar al poder con respaldo extranjero. El mandatario también evocó la historia del sandinismo y la lucha contra la dictadura de la familia Somoza para justificar su rechazo a una eventual alternancia política.
La referencia a los “yanquis” y a los “somocistas” forma parte de la retórica que Ortega ha utilizado durante años para describir a sus adversarios como una amenaza vinculada con Washington. No obstante, su afirmación de que “no volverán a haber elecciones” marca un nuevo nivel en el discurso oficial, al plantear abiertamente que el régimen no permitiría que las urnas sean utilizadas para determinar un cambio de gobierno.
La intervención pública también tuvo relevancia por la reaparición de Ortega después de varias semanas sin actos públicos. El mandatario, de 80 años, ha gobernado Nicaragua durante casi dos décadas desde su regreso al poder en 2007 y mantiene, junto con Murillo, el control sobre la estructura política del país.
Con su anuncio, Ortega no sólo cuestionó la posibilidad de una alternancia democrática, sino que también adelantó la creación de nuevas barreras legales para impedir que sus opositores puedan acceder al gobierno. El presidente aseguró que esas medidas serían elaboradas junto con la Asamblea Nacional y otras organizaciones vinculadas con el aparato estatal.
La Asamblea Nacional se encuentra dominada por el oficialismo, lo que facilita la aprobación de reformas impulsadas por la Presidencia. Las modificaciones constitucionales aprobadas en 2025 ya habían concentrado mayores atribuciones en el Ejecutivo y formalizado el poder compartido entre Ortega y Murillo.
El alcance real de la declaración dependerá de las medidas que el gobierno nicaragüense presente en los próximos meses. Por ahora, Ortega no ha detallado si pretende cancelar definitivamente las elecciones, sustituirlas por otro mecanismo de designación política o aprobar nuevas restricciones que hagan imposible la competencia de la oposición.
Lo que sí quedó establecido en su discurso es la posición del régimen: el mandatario afirmó que las elecciones no serán una vía para que sus adversarios recuperen el poder y prometió construir, mediante nuevas leyes, un “muro” contra quienes considera enemigos políticos.
La declaración coloca nuevamente a Nicaragua ante un escenario de mayor aislamiento democrático y profundiza la preocupación internacional por la concentración del poder en manos de Ortega y Murillo. En un país donde la oposición ha sido perseguida, encarcelada o forzada al exilio, el anuncio del presidente abre una nueva etapa de incertidumbre sobre el futuro de la representación política y la posibilidad de que los ciudadanos puedan elegir libremente a sus gobernantes.
